El
Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, prepara modificaciones al
actual sistema de extradición, y busca facilitar el proceso de retorno
de condenados al país.
En
la oposición, informó Radio Bío Bío, calificaron la medida como
demagógica, y acusan doble estándar del Ejecutivo respecto de los
delitos de lesa humanidad.
Desde
1999 data la regulación sobre el sistema de extradición, incluido en el
Código Procesal Penal, que el Gobierno pretende actualizar para
facilitar el retorno de condenados hacia el país.
Dentro
de las modificaciones, se buscaría ajustar la pena efectiva a la máxima
establecida en la penalidad del país requerido en la solicitud de
extradición activa, es decir, cuando se pida el retorno de un condenado
hacia Chile, ya sea para su juzgamiento o condena.
En
entrevista con La Tercera, el ministro de Justicia, Hernán Larraín,
explicó que la reforma busca “resolver un problema”, y permitir que los
condenados cumplan una pena inferior a la establecida inicialmente por
la justicia chilena, por sobre gozar de impunidad en el extranjero, al no ser declarados extraditables.
El
diputado de la UDI, Issa Kort, que integra la Comisión de Relaciones
Exteriores, respaldó la propuesta y señaló que el sistema de extradición
debe enfocarse en las víctimas y no en la conveniencia de los
condenados.
Por
su parte, el diputado comunista, Hugo Gutiérrez, acusó un doble
estándar del Gobierno al poner énfasis en los crímenes políticos por
sobre los de lesa humanidad, y advirtió que la reforma sería demagógica, puesto que definir la extradición de un refugiado está fuera de sus atribuciones.
El
abogado experto en derecho internacional y académico de la Universidad
Central, Edgardo Riveros, asegura que la discusión de los ajustes está
en la línea correcta, ya que muchas veces la extradición se ve
entrampada por la diferencia en los tiempos de condena entre los países
involucrados.
La
idea debiese ser discutida en un trabajo prelegislativo junto al
Ministerio Público y Cancillería, para ser presentada en un proyecto de ley antes de que termine el primer semestre del 2019.