El suspendido juez de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta,
recurrió al Tribunal Constitucional a través de un requerimiento de
inaplicabilidad para evitar las sanciones impuestas en su contra por el
pleno de la Corte Suprema. El magistrado argumenta que la decisión es inconstitucional.
La acción legal llega después de que el máximo tribunal del país
resolviera de forma unánime esta semana sancionarlo por 4 meses con goce
de medio sueldo, y abrir un cuaderno de remoción en su contra. En los
casos de Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz, hubo supremos -una minoría-
que estuvo por aplicar sólo la suspensión con medio goce de sueldo.
En el documento de 31 páginas ingresado ayer, el magistrado cuestionó
ante el TC la legalidad de la suspensión de cuatro meses, argumentando
que el alto tribunal carece de las atribuciones para dictar el auto
acordado o acta por el que se determinó este tipo de sanción económica,
la que calificó de arbitraria y que vulnera el derecho de igualdad ante
la ley.
Además recurrió, como antecedente, a la Convención Americana de
Derechos Humanos ante un eventual proceso judicial discriminatorio.
En lo procesal, Elgueta en su requerimiento ante el Tribunal
Constitucional denunció que la investigación disciplinaria en su contra,
instruida por la ministra Rosa María Maggi, es extemporánea, pues se habría realizado fuera de plazo.
Respecto al proceso, el suspendido ministro cuestionó una de las
pruebas principales en su contra: las grabaciones telefónicas con el
doctor Luís Arenas -mientras éste enfrentaba un juicio como autor de
tráfico de estupefacientes-, calificándola como evidencia ilícita.
Según las fuentes consultadas, la segunda sala del Tribunal
Constitucional resolverá si acoge este requerimiento a trámite el
próximo martes.
El fallo del tribunal máximo del país se encuentra en redacción y
afecta además a los ministros de esa misma Corte, Marcelo Vásquez y al recientemente fallecido Marcelo Albornoz.
Los cargos contra Elgueta son haber intervenido en un recurso de
protección; comunicaciones vía telefónica con abogados litigantes, haber
solicitado al suspendido fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias,
la contratación de dos personas; exigir la designación de una exalumna a
una secretaría de un tribunal; y haber requerido y aceptado una suma de
dinero.
FUENTE: BIOBIO CHILE