Juzgado de Garantía de Valparaíso declara admisible querella contra senador Juan Luis Castro por caso firmas

El tribunal desestimó la solicitud de la defensa para frenar la acción judicial de la Fundación Fuerza Ciudadana y ordenó remitir los antecedentes al Ministerio Público, en medio de la polémica por el retiro no autorizado de permisos constitucionales en el Senado.

El Juzgado de Garantía de Valparaíso declaró admisible la querella interpuesta contra el senador Juan Luis Castro en el denominado caso firmas, investigación originada por la presunta falsificación de rúbricas para gestionar el retiro de permisos constitucionales de los senadores Ximena Órdenes y Fidel Espinoza sin su autorización.

La acción penal fue presentada por la Fundación Fuerza Ciudadana contra el parlamentario y quienes resulten responsables, por los presuntos delitos de falsificación de instrumento público, uso malicioso de instrumento público falso, además de falsificación y uso de instrumento privado.

La defensa de Castro había solicitado declarar inadmisible la querella, sosteniendo que la organización no cumplía con los requisitos legales al no ser víctima directa y argumentando que el escrito no detallaba qué atribuciones propias del cargo parlamentario se habrían utilizado de manera abusiva.

No obstante, el tribunal determinó que la expresión “delitos contra la probidad pública” contenida en el artículo 111 del Código Procesal Penal no se restringe únicamente a los delitos funcionarios del Título V del Código Penal, estimando que los hechos expuestos podrían vulnerar el principio constitucional de probidad consagrado en el artículo 8° de la Constitución.

Con ello, la resolución habilitó la acción ciudadana, ordenó remitir los antecedentes al Ministerio Público y estableció que una eventual solicitud de desafuero se regirá por lo dispuesto en el artículo 416 del Código Procesal Penal.

Los descargos de Castro y el rol de Paulina Vodanovic

Previo a conocerse la determinación judicial y en entrevista con La Tercera, Juan Luis Castro involucró directamente en la controversia a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic.

Según su versión, fue Vodanovic quien le advirtió en la Sala que se había alterado el orden de votación para priorizar el endeudamiento fiscal y que, frente a los problemas de quórum, ya había instruido al coordinador administrativo de la bancada gestionar la revocación de los permisos de los senadores que participaban en una gira por Asia.

Castro sostuvo que él únicamente reiteró dicha instrucción bajo la condición de consultar previamente a los legisladores involucrados. El senador explicó que los comités del Senado suelen mantener un banco de firmas digitales para agilizar trámites administrativos, pero reconoció que la comunicación con los afectados se retrasó y que, al confirmarse durante la tarde que no había autorización, ordenó anular la gestión.

Finalmente, aseguró haber conversado por mensajes esa misma noche con la senadora Ximena Órdenes para aclarar el episodio, antes de que la parlamentaria formalizara el reclamo que abrió la indagatoria penal.

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