Cerca de $650 millones gastó la Contraloría para
fiscalizar el uso de la subvención escolar SEP, destinada a los niños
más pobres. La inspección detectó más de $25 mil millones perdidos. El
hallazgo originó 32 juicios, pero casi todos están paralizados. La
razón: una modificación a la Ley SEP aprobada por el Congreso benefició
con un “perdonazo” a los alcaldes infractores. El contralor y el
presidente del CDE acusan que esa reforma ha impedido perseguir a los
responsables. La Contraloría ahora descubrió otros $10 mil millones
perdidos en subvenciones para niños con problemas de aprendizaje.
Durante dos años los
fiscalizadores de la Contraloría General de la República revisaron las
cuentas de 105 municipalidades de todo el país para inspeccionar el uso
de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), destinada al mejoramiento
de la educación de los niños más pobres. Los resultados estuvieron
listos en mayo de 2012 y fueron demoledores: $25 mil millones se
ocuparon en fines distintos a los señalados por la ley o están
“perdidos”. Casi dos años y medio después aún no hay sanciones por el desvío de esos fondos. Y todo indica que no las habrá.
La
Contraloría hizo la denuncia en el Ministerio Público y entregó los
antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE), lo que hasta
septiembre de este año había originado 32 procesos judiciales. Pero las
causas están prácticamente paralizadas y probablemente se cerrarán sin
sanciones, debido a que el Congreso Nacional despachó una ley que brindó
un “perdonazo” a los municipios y alcaldes infractores. Una fórmula que
fue considerada como una puñalada por los funcionarios de Contraloría,
porque los legisladores les quitaron el piso y los convirtieron en un
león sin dientes ante los departamentos y corporaciones de educación
municipales.
En la entidad fiscalizadora persiste un clima de preocupación, pues
el “perdonazo” podría repetirse ahora que una serie de auditorías han
dejado al descubierto otro multimillonario desvío de recursos destinados
a la educación municipal: más de $7 mil millones del Programa de
Integración Escolar (PIE) también están “perdidos” .
Para la fecha de publicación del reportaje, se habían divulgado 153
informes. Semanas más tarde se agregaron los informes de La Serena y
Ovalle, que en conjunto exhiben una pérdida de casi $3 mil millones del
programa. Cifra que, sumado a los $7 mil millones mencionados en el
artículo, muestra que los dineros perdidos sobrepasan los $10 mil
millones.
En estos días se completa el proceso con la publicación de las
últimas auditorías. Son 244 informes en total que darán paso a la
confección de un informe consolidado.
“Tuvimos un resultado tremendo en las cifras, pero nulo”, dijo el contralor Ramiro Mendoza
el pasado 22 de septiembre ante la comisión investigadora de la Cámara
de Diputados que busca esclarecer qué ocurrió con los fondos SEP
confiados a municipalidades. La comisión es presidida por el diputado Claudio Arriagada
(DC), quien jugó un rol clave en la aprobación del “perdonazo”, pues
cuando era alcalde de La Granja y presidente de la Asociación Chilena de
Municipalidades encabezó el lobby de los jefes comunales ante el
Parlamento para conseguir la reforma que legalizó el desvío de estos
fondos .
La formación de la comisión investigadora fue aprobada en la Cámara
el 23 de julio y hasta la fecha lleva seis sesiones realizadas.
En la Contraloría se evalúa como un precedente nefasto la reforma
legal que posibilitó dejar sin sanción el mal uso de los recursos SEP.
Porque los parlamentarios la aprobaron cuando ya sabían que la
Contraloría estaba auditando los gastos de esa subvención y ya estaban
además advertidos de las múltiples y graves irregularidades detectadas.
En los hechos, con el “perdonazo”, los legisladores dejaron sin piso a
la entidad fiscalizadora y pusieron a los alcaldes a salvo de procesos
sancionatorios.
El trabajo realizado por la entidad fiscalizadora, que se refiere a
las horas utilizadas en cada una de las 105 auditorías y en la
confección del informe consolidado que destapó el mal uso de los fondos
de la Ley SEP por parte de los municipios, tuvo un costo superior a los
$650 millones. Algo que tampoco pareció importar al momento de
amnistiar los gastos con fines distintos a los establecidos en la ley.
“Hay una suerte de cultura del despelote en el gasto público”, dijo el contralor Ramiro Mendoza en su exposición ante la comisión investigadora de la Cámara. Y agregó: “El
ambiente de falta de control nos puede producir hallazgos de peor o de
mayor claridad desde el punto de vista del reproche ético más adelante”.
Y, precisamente en relación a lo que puede suceder “más adelante”,
mencionó las nuevas irregularidades detectadas en el Programa de
Integración Escolar. La comisión investigadora de la Cámara de Diputados
intentará incluir también estos recursos en su investigación, por lo
que acordó solicitar autorización para ampliar sus objetivos.
Ramiro Mendoza
Una semana después de su intervención ante la comisión investigadora
de la Cámara, el contralor Mendoza amplió sus críticas y disparó, en un
tono desenfadado e inusual para su investidura, contra diversas reformas
institucionales, entre ellas la que creó el Ministerio Público. Lo hizo
al impartir una clase magistral para el II Seminario de Derecho
Constitucional del Centro de Estudios Sociedad Libre (UC), desatando una aguda controversia en el mundo político.
Aunque el contralor declaró con posterioridad que sus palabras fueron “diseccionadas” y “distorsionadas”, el ex senador Camilo Escalona (PS) dijoque la intervención de Mendoza daba pie para el estudio de una acusación constitucional en su contra.
El round entre Escalona y el contralor tiene su historia. Fue
precisamente Camilo Escalona, cuando aún era senador, quien introdujo en
el debate legislativo la indicación que en octubre de 2011 terminó
concediendo el “perdonazo” a los alcaldes que malgastaron los recursos
SEP. Para cerrar con éxito esa iniciativa, que resultó crucial para las
aspiraciones de los alcaldes que deseaban presentarse a la reelección en
2012, Escalona contó con el apoyo del entonces senador Eduardo Frei (DC).
La modificación legal que generó el “perdonazo” -propuesta por
Escalona y Frei- fue una reforma al artículo Nº 15 transitorio de la
Ley SEP, el que luego fue promovido también por el gobierno de Sebastián
Piñera. El cambio estableció que un 15% de los gastos realizados con
fondos SEP hasta el 31 de agosto del 2011 podían ser distintos a los
establecidos por la ley, siempre que se hubiesen ocupado en otro ítem
relacionado con educación. Así fue “blanqueado” el uso indebido de una
subvención destinada a los alumnos vulnerables y que fue ocupada en el
pago de deudas previsionales de profesores y servicios básicos de los
colegios, entre otros ítems.
Tanto Juan Ignacio Piña, presidente del Consejo de Defensa del
Estado, como el contralor Ramiro Mendoza, piensan que esta modificación a
la Ley de Subvención Escolar Preferencial efectuada en 2011 fue un duro
golpe para la fiscalización y persecución que realizan ambas entidades.
En la sesión de la comisión investigadora de la Cámara celebrada el
pasado 25 de septiembre, Juan Ignacio Piña aseguró ante los diputados
que “la persecución penal emprendida por el CDE se vio seriamente
afectada” por la modificación de la ley efectuada en 2011. Y sostuvo que
la reforma provocó que las rendiciones de gastos de los municipios
fuesen aceptadas por el Ministerio de Educación (Mineduc), lo que
avalaría que el dinero se haya destinado a otros fines, restando fuerza a
los alegatos del CDE. Según el presidente del Consejo, “las fichas que
se han jugado a favor de la regulación han provocado un impacto en la
persecución de los delitos que es relativamente claro”.
Juan Ignacio Piña mostró su desánimo por los escasos avances de los
procesos judiciales: “Las investigaciones habían ido avanzando y, si
bien a juicio del Consejo existen una serie de antecedentes que ameritan
a lo menos una formalización, ello no ha sucedido”. Por esta razón,
reconoció que en varias ocasiones han tenido “discrepancias con el
Ministerio Público”, entidad que no siempre persevera en la persecución.
Entre los 32 procesos judiciales que impulsa el CDE por gastos fuera
de la norma de la Subvención Escolar Preferencial, las diez comunas con
las cifras más abultadas son: Ovalle ($2.420 millones), San Bernardo ($2.861 millones), La Florida ($1.793 millones), Cerro Navia ($1.688 millones), Conchalí (1.555 millones), La Serena ($1.489 millones), Maipú ($1.225 millones), Copiapó ($1.120 millones), San Fernando ($1.139 millones) y Quinta Normal ($914 millones). En tanto Punta Arenas figura con un faltante de $67.221.650.-
Tras la publicación del informe de las auditorías a los fondos SEP,
difundido en 2012, la Contraloría presentó seis denuncias ante el
Ministerio Público y presentó al Consejo de Defensa del Estado los
antecedentes de 43 casos. Las denuncias ante el Ministerio Público
involucraban $2.975 millones que pudieron ser objeto de malversación de
fondos públicos y corresponden a fondos que administraron los
municipios de San Bernardo, La Florida, Conchalí, Ancud, Longaví y Curacaví.
Con los antecedentes que recibió, el CDE ha iniciado o se ha hecho
parte hasta fines de septiembre pasado de 32 causas judicialestambién por posible malversación de recursos públicos. Según explican
en el Consejo de Defensa del Estado, el número de causas es inferior a
la cantidad de municipios en los que la Contraloría detectó
irregularidades, debido a que se dejaron de lado aquellos casos donde
las objeciones se debían sólo a faltas administrativas que no daban pie a
una persecución penal.
Del total de causas, ninguna cuenta con formalizados. En paralelo, la
Fiscalía Centro Norte recibió una denuncia (en abril pasado) sobre un
supuesto fraude que involucra $ 774 millones de fondos SEP y $170
millones de recursos provenientes de la Junji en la comuna de Quilicura.
En la acusación se vincula a Marcia Ibarra, prima de la esposa del
alcalde de esa comuna, Juan Carrasco, con la desaparición del dinero. Se
investiga si parte de esos recursos se habrían utilizado para solventar
viajes a Europa.
En junio se realizaron las primeras diligencias, donde se incautaron
una serie de documentos, discos duros y notebooks. Además, se pidió una
fotocopia de un certificado de título de Ingeniera Civil Industrial de
la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) de Ibarra que, según la
denuncia, sería falso. Según explicó el fiscal Jaime Retamal a La Tercera,
“se sospecha que había algún tipo de apoderamiento de fondos del SEP y
también de fondos provenientes de Junji”. Siete meses más tarde, la
investigación realizada por Retamal, persecutor de la Fiscalía de Alta
Complejidad Centro Norte, permitió formalizar a Ibarra por fraude al
fisco, quedando con medidas cautelares. El CDE también se hizo parte de
esta querella, transformándose así en la querella número 33 de los casos
SEP.
(Fuente: www.ciperchile.cl)