El
Presidente Sebastián Piñera pidió al Congreso aprobar los proyectos de
ley que buscan otorgar indultos humanitarios y conmutar las penas de
prisión para prevenir la propagación del Covid-19 en las cárceles del
país.
El
Mandatario apuntó a que actualmente existen dos proyectos de ley
presentados por el Gobierno, uno de ellos busca conmutar la pena de
prisión por una de arresto domiciliario total para los internos mayores
de 65 años que hayan cometido delitos menos graves, además de mujeres con hijos menores de 2 años y embarazadas.
El
Presidente indicó que con estas medidas busca reducir el hacinamiento
de los centros penitenciarios del país y el peligro de contagio o
brotes, como el ocurrido en la cárcel de Puente Alto, donde hay internos
y funcionarios con coronavirus.
“Esta
es una razón sanitaria y humanitaria, que es proteger mejor a esas
personas que van a poder irse o a sus hogares o a lugares donde puedan
estar más aislados y mejor protegidos”, explicó el Jefe de Estado.
Proyecto de Indulto Humanitario
Además, Piñera recalcó que “hace más de dos años” enviaron un proyecto de
ley de indulto humanitario que, según el Jefe de Estado, “no distingue
por tipo de delitos”, sino que otorgar libertad a quienes tengan
enfermedades terminales.
Este proyecto beneficiaría, explicó, a quienes “hayan cometido delitos comunes o delitos de derechos humanos (y que) puedan terminar sus días en sus hogares junto a sus seres queridos”.
En
esta línea, el Mandatario recalcó que “creo que el derecho a una muerte
digna es un derecho que por lo demás es parte de los valores del
humanismo, del cristianismo y por esa razón yo espero que ambos
proyectos sean aprobados”.
El
primer proyecto ya fue aprobado en el Congreso y está en trámite en el
Tribunal Constitucional luego de un requerimiento de Chile Vamos,
mientras que el segundo de ellos será visto este lunes en la comisión de
Derechos Humanos del Senado.
Discusión del proyecto
El
presidente de la comisión de Derechos Humanos, el senador Juan Ignacio
Latorre (RD), dijo que presentará una indicación para excluir de este
beneficio a los condenados por delitos de lesa humanidad.
“La
idea es que exista la posibilidad de la muerte digna -como le llaman
ellos-, este trato humanitario para personas que están con graves
enfermedades, adultos mayores, pero que eso excluya a las personas
vinculadas a violación a los derechos humanos, en el fondo Chile tardó
mucho tiempo en hacer justicia, estas personas entraron muy tarde a la
cárcel”, recalcó el parlamentario.
Por
su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos
Desaparecidos, Lorena Pizarro, sostuvo que “hay ciertas condiciones que
deben cumplir los genocidas violadores de derechos humanos que están en
Punta Peuco” como tener cumplida la mitad de su condena, algo imposible
para aquellos que suman más de 500 años de cárcel. (Cooperativa)
Son dos proyectos: uno de ellos está en el Tribunal Constitucional y el segundo será discutido esta semana.