La Corte de Apelaciones de Temuco
confirmó las medidas cautelares dictadas previamente contra tres de los cuatro
ex carabineros del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) formalizados por la
muerte de Camilo Cantrillanca.
En el caso del sargento
Raúl Ávila, formalizado por apremios ilegítimos contra el adolescente que
acompañaba al fallecido comunero, además de ser sindicado por el Ministerio
Público como quien destruyó una de las tarjetas de memoria que registró el
operativo, el tribunal se negó a dictar arresto parcial y confirmó su arresto
domiciliario total.
En cuanto al cabo 1° Braulio
Valenzuela y el suboficial Patricio Sepúlveda, ambos indagados por obstrucción
a la investigación, se negó firma y arraigo solicitado, y mantuvo arresto
domiciliario parcial.
“En esa causa, el día 31 de mayo
el tribunal de Collipulli consideró la reapertura de la investigación
disponiendo de tres semanas, que se vencen el día 21 del presente mes, para la
realización de tres diligencias”, señaló tras la audiencia el fiscal de La
Araucanía Roberto Garrido, sobre la situación de la causa. Y precisó:
“(Estas) consisten en citar a una persona y tomar declaración, que ya se
realizó; entregar un video a una de las defensas que también está en curso; y
permitir el acceso de la evidencia por parte de perito de uno de los
intervinientes cuestión que ya se hizo”. Ya vencido el plazo, agregó el
persecutor, “vamos a cerrar la investigación y deducir la acusación”.
Por el fallecimiento de Catrillanca
también se formalizó al ex GOPE, Carlos Alarcón, a quien se le imputa haber
realizado el disparo que terminó con la vida de joven en noviembre del año
pasado. Así también se llevó a tribunales al ex jefe del Gope, Manuel
Valdivieso, el ex cabo Gonzalo Pérez, el coronel (r) y prefecto de FF.EE. Jorge
Contreras, y al ex abogado de la institución, Cristián Inostroza.