Un informe elaborado por Unidad de Investigación de BíBíoChile reveló que la sobrepoblación en los recintos penitenciarios concesionados del país significó un desembolso de $16.252 millones por parte del Fisco durante marzo de 2026. Los recursos fueron pagados a las sociedades operadoras para compensar el exceso de internos registrado en el segundo semestre de 2025, donde recintos como el Complejo Penitenciario de Alto Hospicio alcanzaron niveles de ocupación de hasta 121,4%.
Este mecanismo de pago está estipulado en las bases de licitación contractuales, las cuales obligan al Estado a resarcir económicamente a las concesionarias cuando la cifra de reclusos sobrepasa la capacidad nominal. Las estimaciones para el presente año proyectan un escenario aún más complejo: para el pago de septiembre de 2026 se calculan $22 mil millones adicionales, lo que elevaría el gasto anual del Estado por sobreocupación a más de $38 mil millones, cifra que representa un aumento superior al 300% en comparación con los periodos previos.
Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reconocieron la complejidad de la crisis penitenciaria, argumentando que bajo el contexto actual resulta inviable evitar el hacinamiento. Ante esto, la cartera señaló que trabaja en la habilitación de nuevas plazas mediante recintos en Talca, Copiapó, Calama y ampliaciones en Antofagasta. Por su parte, exautoridades del sector de la seguridad pública abogaron por revisar los contratos de concesión vigentes para frenar el impacto económico en el erario nacional.