En
un fallo dividido, la Corte Suprema acogió un recurso de casación y
determinó el cambio de nombre y sexo registral de una persona transexual
sin ser necesaria alguna intervención quirúrgica.
La resolución, que
implicó la revocación de la sentencia dictada por la Corte de
Apelaciones de Santiago, contó con el voto a favor del presidente de la
Suprema, Haroldo Brito, y la ministra Andrea Muñoz, y con el rechazo del
ministro Ricardo Blanco.
En
el documento, la Cuarta Sala establece que si bien la legislación
chilena no regula el cambio de sexo registral para transexuales, los
principios internacionales en materia de derechos humanos sí, lo cual
faculta a los jueces a realizar el cambio.
Se trata del primer dictamen
con este fallo emitido por la Corte Suprema. “El Estado de Chile se ha
obligado, a través de la ratificación de distintos tratados de derechos
humanos, con la obligación de no discriminación y la garantía de los
derechos humanos para todas las personas”, argumenta el fallo.
El
documento agrega que estas obligaciones vinculan a todos los órganos
del Estado, y que “el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación
el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza
humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales
derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.
Conformidad del Gobierno
El
gobierno se mostró conforme con el fallo de la Corte Suprema que
permite a una persona transgénero cambiar de sexo registral sin
intervención quirúrgica, asegurando que demuestra lo “urgente de
legislar en este campo”.
Ayer, tras realizar su cuenta pública, el
ministro de Justicia, Hernán Larraín, aseguró que como Ejecutivo “hemos
presentado una propuesta, estamos conversando en el Congreso para
avanzar, porque estimamos que los temas de identidad de género existen y
deben tener una solución rápida”.
Para
los menores de 14 años, en tanto, el ministro aseguró que el Estado
debe estar disponible para “acompañarlo” hasta que esta determinación
pueda ser adoptada, la que según ellos no es hasta los 14 años.
“Lo que la sociedad tiene que hacer,
particularmente en el caso de los adultos, es resolver esa situación,
porque no es una cuestión de que me gusta no me gusta, es un hecho y las
leyes tienen que resolver los problemas que los hechos presentan”,
agregó haciendo referencia a quienes han criticado la postura.
Asimismo, añadió que “nadie debería sentirse transgredido o molesto por dar una respuesta lógica y racional a un problema que tienen muchas personas”.