Según lo informado mediante un documento emitido por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de los
Estados Americanos (OEA) el pasado jueves 27 de febrero, se acogió la petición
de la Corporación Nacional Ex Concriptos 73-90, fijando ambos mediadores
internacionales un plazo para que el Estado de Chile realice sus observaciones ante
su fallo dentro de un plazo fijado de tres meses, prorrogable si fuese
necesario hasta un máximo de cuatro meses (desde la fecha de recepción del
comunicado conforme al artículo 30 (3) del reglamento de la CIDH).
Ante el plazo fijado, los organismos internacionales se
podrán a disposición de los peticionarios y del Estado, a fin de llegar a una
solución amistosa, según lo indicado en el artículo 40 (1) del reglamento Comisión Interamericana, mencionado en el documento.
El petitorio de la Asociación de Víctimas del Estado, agrupa
a alrededor de 2 mil reservistas quienes presentaron colectivamente este pedido,
el cual fue recibida por las organismos internacionales el 25 de abril de 2016, y busca que el poder estatal le entregue a los peticionarios una reparación por distintos
daños causados durante la prestación de sus servicios entre los años 1973 hasta
1990; periodo en el que en 1978 en Magallanes, se desató una pugna con Argentina que casi terminó en guerra y que se conoce como el Conflicto del Beagle. Un momento histórico
en que Chile y Argentina tenían fuertes desacuerdos por la soberanía de
islas y espacios marítimos adyacentes al canal homónimo y al Cabo de
Hornos, que alcanzó su punto cúlmine cuando las Fuerzas Armadas
transandinas se alistaron para ocupar el terreno en disputa, motivo por el Estado Nacional alistó y envió tropas para vigilar la frontera.
Según lo indicado por Enrique Mansilla, dirigente de la
Agrupación de Reservistas de Punta Arenas, el petitorio parte luego de una
situación de abandono de órganos estatales hacía los ex conscriptos. “El Estado de Chile se desvinculó de
nosotros como soldados, por eso lo demandamos ante tribunales internacionales
como víctimas. Éramos menores de edad que pasamos cosas graves. Se cumplió la
meta y de aquí a 3 o como máximo -4 meses- confiamos en tener nuestras
reparaciones. El Estado no tiene otra opción porque esto esta ordenado ante dos
cortes internacionales, las cuales nos respaldan y son garantes ante cualquier decisión
que este tome, la cual nosotros decidiremos si nos favorece o no”.
Por su parte el presidente nacional de la Asociación de
Víctimas del Estado, Raúl Valladares, manifestó que esta es una lucha que de
derechos vulnerados hace muchos años. “Cumplimos
12 años de lucha al 28 de este mes y tenemos que estar tranquilos y serenos, a
la espera de cómo se dé este proceso. Los reservistas que no están dentro de
esta demanda, están ligados a una opción política y lo lamento por ellos. Creemos
que esta es una buena noticia y estamos preparando una respuesta en caso de qué
el Estado quiera dilatar este asunto, ajustándonos al reglamento de los
tribunales internacionales”, explicó Valladares.