Ayer
el jefe de la bancada de diputados de la UDI, Javier Macaya, aseguró
que no han descartado la posibilidad de presentar un recurso ante el
Tribunal Constitucional (TC) para solicitar la destitución del
parlamentario Gabriel Boric, luego de su reunión con el exfrentista
Ricardo Palma Salamanca en Francia.
Al respecto, el legislador
gremialista explicó que “queremos saber quién pidió esa reunión.
Imagino, porque así consta, que no se realizó ni se solicitó por la
plataforma de lobby, no sé si fue por la familia Palma Salamanca (…) Yo
le preguntaría a Boric que transparente si la reunión fue solicitada por
la familia o la solicitó él”.
En
ese contexto, como informó Emol, Macaya indicó que “si me preguntan si
hay argumentos jurídicos para recurrir al Tribunal Constitucional y ver
la destitución, son situaciones que nosotros vamos a revisar
jurídicamente, las vamos a analizar en profundidad en la bancada de
diputados de la UDI.
No es una definición que tengamos todavía cerrada”.
“Estas cosas hay que tomarlas con la seriedad que merecen. Hay que
revisar los argumentos, nosotros vamos a hacer esa revisión en la
bancada de diputados. Personalmente, yo tengo diferencias con que estén
los argumentos jurídicos para recurrir al TC, yo creo que no”, añadió.
Según el titular de la bancada, “acá estamos ante el incumplimiento de
leyes de transparencia, de lobby.
Una persona cuando viaja al extranjero
en representación de Chile, lo hace en esa calidad y en esa calidad se
reúne con una persona que está prófuga de la justicia chilena”.
Asimismo, cuestionó el rol cumplido por la agregada cultural del
gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, María Paz Santibáñez, en
favor de Palma. “Ella ha participado activamente en gestiones, o sea,
una personera pagada con recursos de todos los chilenos ha sido una de
las principales activistas en su favor”, dijo.
La réplica desde el PC
En
tanto, la diputada comunista Carmen Hertz expresó su repudio hacia las
críticas que la UDI ha realizado en contra de Boric. De hecho, en el
inicio del debate sobre la ley de presupuestos en la Cámara Baja, la
parlamentaria acusó una actitud “destemplada” hacia el líder
frenteamplista.
Tras conocer la intención gremialista de llevar el punto
hasta el TC, la legisladora lamentó que “la reacción histérica de
sectores de la UDI de pretender un linchamiento público del diputado
Boric, y además pretender su destitución. Solo es posible en una
sociedad distorsionada como la nuestra”.
“Aquel
sector que avaló el exterminio, lo propició, justificó y relativizó
hasta el día de hoy no hayan tenido jamás sanción ni política, ni moral
ni social. Eso es lo que permite la desfachatez de sectores de la UDI
que hicieron un peregrinaje para visitar al peor genocida del siglo XX
en el imaginario internacional como fue Pinochet”, agregó. En cuanto al
requerimiento en estudio, Hertz sostuvo que “no existe fundamento alguno
para tal pretensión.
Que pueden hacerlo, pueden hacer cualquier cosa,
pero no existe ningún hecho objetivo que pueda ameritar que un tribunal
se pronuncie sobre la destitución de Boric por un encuentro legítimo que
tuvo con Palma Salamanca”. “Esta es una campaña donde se pretende
instalar una atmósfera muy peligrosa, de tipo prácticamente fascista. Y
frente a eso tenemos que reaccionar, la desfachatez de la UDI no es
tolerable en una sociedad decente”, concluyó.
Sanciones
En
tanto, según informa La Tercera, el reglamento de la Cámara de
Diputados, publicado en el sitio web de la institución, establece las
“sanciones” que puede adoptar la Comisión de Ética de la Cámara de
Diputados -compuesta por trece legisladores- para aquellos diputados que
han sido pasados a dicha instancia.
Es
el caso que enfrentarán los diputados del Frente Amplio Gabriel Boric y
Maite Orsini luego de que se conociera que se reunieron en septiembre
pasado en Francia -durante una escala de un viaje de parlamentarios a
Palestina- con el exfrentista Ricardo Palma Salamanca, condenado por el
asesinato del senador UDI Jaime Guzmán.
De
acuerdo al artículo 347 del citado reglamento, se contemplan tres
“medidas disciplinarias”: llamado al orden, amonestación y censura.
Todas esas medidas “llevarán consigo como pena anexa una multa”, de
acuerdo al artículo 348.
Éstas son:
hasta el 2% de la dieta mensual en la primera medida (unos 180 mil
pesos chilenos); más de 2% y hasta el 5% de dieta mensual en caso de
amonestación y “superior al 5% por ciento y hasta el 15 por ciento de la
dieta mensual” en caso de censura. Es decir, la sanción monetaria
podría llegar a 1 millón 365 mil pesos, aproximadamente.
Si
bien la comisión de Ética puede aplicar la máxima sanción, como es la
censura, es criterio de los diputados que conforman la instancia acordar
el monto de la multa entre los rangos que establece la ley.
En
julio, por ejemplo, se sancionó al diputado UDI, Ignacio Urrutia, con
amonestación y un 7% de la dieta mensual por sus dichos en el marco del
proyecto de ley que buscaba entregar una reparación monetaria a víctimas
de la dictadura, donde aseguró que se buscaba beneficiar a
“terroristas” con un “aguinaldo”.