La
comisión mixta que buscaba despejar discrepancias en torno al proyecto
de ley que perfecciona el proceso de descentralización del país, más
conocida como ley corta, aprobó finalmente esta semana el proyecto y
ahora pasará a la sala del Senado.
Hay
que recordar que la ley corta fue ingresada por el Ejecutivo en el año
2020 y buscaba aclarar puntos que no habían quedado del todo resueltos
en la Ley N° 21.074 de 2018, de Fortalecimiento a la Regionalización,
que, por ejemplo, buscaba definir el concepto de “competencia” que
pueden ejercer los gobernadores regionales y explicitar el proceso de
obtención y evaluación de esas atribuciones.
Desde
la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) se
valoró la voluntad y trabajo de la comisión mixta de ambas cámaras, así
como también de los gobernadores regionales, en avanzar en este tema de
tanta importancia para conducir el proceso de regionalización tan
anhelado por nuestro país.
Sobre
cómo solicitar nuevas competencias es donde hubo mayor discrepancia.
Según la ley, los gobiernos regionales pueden pedir más competencias
durante los dos primeros años de una nueva administración presidencial y
el proyecto original planteaba que existiera “silencio negativo”, es
decir, que si el Gobierno Regional solicitaba una nueva competencia y
durante seis meses el Ejecutivo no se pronunciaba, se entendía que la
respuesta sería negativa. En cualquier caso, como sucede en la
administración pública, la decisión debía ser justificada. No obstante,
la sala de la Cámara rechazó la idea de legislar sobre esta materia y en
la comisión mixta se zanjó que el Ejecutivo debe dar una respuesta
expresa a la petición.
El
gobernador de Magallanes, Jorge Flies, tuvo palabras de agradecimiento
ante la disposición que ha tenido el Gobierno. Se han realizado extensas
reuniones desde la Presidencia y se demuestra la voluntad del
Ejecutivo, del Legislativo y en este caso también de los gobiernos
regionales de llegar a acuerdos.
El
otro cambio que hubo surgió en la Comisión de Gobierno, en mayo pasado,
respecto de la evaluación de las competencias. Allí se decidió que sea
realizada a los tres años de aplicación por parte de una comisión
paritaria entre el Gobierno Regional, ministerio de origen y que la
secretaría ejecutiva de esta quede en la Subdere, dejando fuera a la
Dirección de Presupuestos.
Al
igual que en el proyecto original, se decidió que sea Contraloría el
ente que dirima ante posibles controversias entre el gobernador regional
y el delegado presidencial.