Los gobernadores
regionales de todos los territorios subnacionales de nuestro país se han
reunido bajo una agrupación, haciendo valer el derecho a la libre
asociación que consagra nuestra Constitución Política, actuando
conjuntamente para abordar el proceso de descentralización.
La
conformación de esta asociación de gobernadores regionales, sin
embargo, no es una novedad, puesto que era un acontecimiento anticipado
por varios observadores, descrito como un paso natural de estas nuevas
autoridades para enfrentar problemas comunes.
En
concreto, la antedicha asociación ha efectuado dos presentaciones
formales ante el Contralor General de la República: la primera,
relacionada con la legalidad de las instrucciones
emanadas por los delegados regionales presidenciales, dirigida a los
secretarios regionales ministeriales y a los directores regionales de
servicios públicos, imponiendo la solicitud de permiso para que éstos
puedan reunirse con los gobernadores regionales; la segunda, demostrando
la inexactitud en la entrega de los caudales provenientes de los
impuestos por casinos de juego por parte del Fisco a los gobiernos
regionales, requiriendo se investigue si otros tributos con destinación
territorial han sido correctamente distribuidos en la forma y
oportunidad que la ley señala.
A
las actuaciones anteriores se agregan las diversas reuniones sostenidas
con los parlamentarios, especialmente con los presidentes de las
comisiones del Senado de Gobierno, Descentralización y Regionalización y
la de Hacienda, así como, con los jefes de bancada de la Cámara de
Diputados, para advertir sobre lo inconveniente de continuar con la
tramitación de dos proyectos de leyes que abordan el proceso
descentralizador: uno, que se titula “fortalece la descentralización
financiera de los gobiernos regionales, establece normas sobre
responsabilidad fiscal y crea fondos que indica”, que contrariamente,
disminuye las atribuciones de los gobiernos regionales, centraliza
todavía más las decisiones de inversión
y posiciona al delegado regional presidencial como su tutor; el otro,
que se denomina “implementa adecuadamente el proceso de
descentralización del país”, que adiciona una serie de interacciones del
delegado presidencial regional en materias que hoy no tiene injerencia,
relegando a los gobernadores regionales, además de aplicar el silencio
negativo en caso de falta de pronunciamiento del poder central ante una
petición de traspaso de competencia, de manera que no contribuye a la descentralización del país.
Como
se observa, la asociación de gobernadores regionales está muy atenta y
ha sido muy pertinente en sus actuaciones para evitar que se entrabe la
descentralización del país, sea advirtiendo las prácticas inapropiadas
de parte del Fisco en la entrega de recursos, sea denunciando
instrucciones contrarias al ordenamiento jurídico, sea observando la
intención de cambios legislativos que mermen la autonomía en
determinadas decisiones que hoy tienen los territorios.