Durante
los últimos días, el Presidente Sebastián Piñera junto a diferentes
actores políticos y de la sociedad civil, realizó uno de los anuncios
más esperados por las pymes de Magallanes. Se trata de un bono con
recursos directos, sin concursos ni cupos limitados, para todas las
empresas de menor tamaño con ventas inferiores a 25.000 UF anuales, que
se encuentren operativas en nuestro país. Junto con esto, anunció
también el fortalecimiento del ingreso familiar de emergencia (IFE),
convirtiéndolo en un apoyo universal que llegará a todas las familias
chilenas que cuenten con registro social de hogares, durante tres meses
(junio, julio y agosto), por montos que permitirán que ninguna familia
quede bajo la línea de la pobreza.
Quiero
detenerme por un momento en la relevancia de este potente anuncio, ya
que muchas veces cuando escuchamos las grandiosas cifras de dinero que
involucran estos apoyos, se hace complejo evaluarlas en términos
comparativos con otro tipo de gastos fiscales, con apoyos de otros
países con los que nos gusta compararnos y, muy importante, dimensionar
el esfuerzo fiscal que hay detrás. En términos generales, tal como lo
indicó el presidente Piñera en su Cuenta Pública 2021, el anuncio
involucra transferencias directas a los chilenos por cerca de US $11.000
millones, los cuales serán desembolsados en 3 meses. Si lo contrastamos
con los recursos aprobados en 2020, en acuerdo con la oposición, éstos
correspondieron a US $12.000 millones. Una cifra equivalente a la
actual, sin embargo, esos recursos permitían financiar 24 meses de
apoyos a los chilenos versus 3 meses en los que el gobierno propone
entregar prácticamente la misma cifra, en línea con las sentidas
demandas de los hogares y las empresas de menor tamaño. Por otra parte, a
nivel internacional, sin contemplar este potente anuncio, Chile ha sido
reconocido por entidades como el Banco Mundial y la CEPAL por haber
implementado una red de protección social amplia y eficaz, con apoyos
directos a las familias comparables a los entregados por países como
Alemania y Nueva Zelanda.
Quiero
destacar y profundizar especialmente en el bono para las pymes, no sólo
por el amplio alcance que tendrá este beneficio para las empresas de
menor tamaño, sino también porque justamente responde a una de las
principales demandas que nos han manifestado los gremios de los diversos
sectores productivos que representan a las pymes de la región durante
los últimos meses. A nivel local, desde el inicio de la pandemia se han
movilizado más de $10.000 millones a través de subsidios a las pymes
regionales, superando los 3.700 beneficiarios. Esto significa que, una
de cada tres pymes magallánicas, han podido obtener estos apoyos. Un
esfuerzo fiscal que multiplica en más de 7 veces los recursos que se
ejecutan en un año regular a través de subsidios en dinero para las
pymes, pero que sabemos que el escenario de una crisis tan profunda como
la que vivimos, no permite llegar a la totalidad de empresas que
requiere de ayuda. Es por ello, que este anuncio es tan relevante. El
bono para las pymes permitirá que todas las micro y pequeñas empresas
que estén operativas, es decir, que no sean de papel y efectivamente
estén contribuyendo a la economía local a través de sus actividades,
puedan acceder a un apoyo por $1 millón. Junto con esto, se suma la
posibilidad de acceder a un beneficio variable equivalente a 3 meses de
IVA del año 2019 (un año normal) con tope de $2 millones, el cual se
incrementa en un 20% para empresas lideradas por mujeres. También podrán
acceder al pago de cuatro meses de cotizaciones previsionales de
trabajadores que hayan sido suspendidos por la Ley de Protección al
Empleo. Cabe considerar que las pymes que tengan deudas previsionales
también podrán recibir este bono de alivio, debiendo destinar al menos
un 30% de éste al pago de dichas deudas. Todo lo anterior se
complementará con importantes y necesarias medidas tributarias, que sin
duda ayudarán a aliviar la carga económica a nuestras empresas de menor
tamaño, entre las cuales destaco la devolución del crédito fiscal del
IVA y la eliminación transitoria de la tasa de interés penal.
En
Magallanes son más de 11.000 micro y pequeñas empresas, quienes
representan el 96% de las empresas con ventas de la región. Muchas de
ellas han vivido con dolor los embates de esta pandemia y necesitan con
urgencia la llegada de estos recursos. Esperamos que el proyecto de ley
se tramite con celeridad en el congreso y prontamente los apoyos lleguen
a aliviar las mochilas financieras de nuestras pymes.