Un inminente aumento del 2,4% en las tarifas eléctricas a partir de enero ha generado una ola de descontento entre los habitantes de la Región de Magallanes. Mientras los ciudadanos, especialmente los adultos mayores pensionados, denuncian el constante encarecimiento del costo de la vida, las autoridades del Ministerio de Energía justifican la medida apuntando a factores inflacionarios y de costos operativos.
Durante un sondeo ciudadano realizado por Pingüino Multimedia en las calles de Punta Arenas, los magallánicos manifestaron su preocupación frente al alza, la cual representará un aumento de más de 1.000 pesos en promedio por cuenta. Cristina Águila, pensionada de la zona que recibe ingresos por 197.000 pesos, graficó el duro escenario que enfrentan los sectores más vulnerables: “Si yo tuviera que pagar la luz […] y todos los consumos, yo me quedo sin nada”.
El sentir general de la población es de frustración. Vecinos como Rosalba Reyes catalogaron el incremento de “horrible” para la gente de escasos recursos. Por su parte, vecinos como Miguel Ojeda lamentaron que esta alza “nos complica más encima que acá en la región es todo caro”. A lo largo de la jornada, la principal queja de los transeúntes radicó en el impacto directo a los bolsillos en un contexto donde perciben que todo en el supermercado y los gastos cotidianos están subiendo constantemente.
La postura oficial del Ministerio de Energía
Ante las críticas de la ciudadanía, la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Energía de Magallanes y la Antártica Chilena emitió un pronunciamiento para detallar las razones detrás de este ajuste tarifario.
La autoridad regional explicó que Magallanes posee una realidad eléctrica distinta a la del resto de Chile, debido a que el sistema genera su propia electricidad basándose principalmente en el gas natural. “Pero el precio de la luz no depende solamente del gas, también influyen los costos de operación, los combustibles y la inflación nacional e internacional”, detalló el Seremi.
La autoridad reconoció estar al tanto de que cualquier incremento tarifario afecta el presupuesto de las familias. Sin embargo, enfatizó que el deber de la actual administración del Presidente Gabriel Boric Font es “actuar con responsabilidad técnica, transparentar los costos y explicar con claridad cómo se calculan las tarifas”.
El actual escenario depara un inicio de año complejo, marcado por la tensión entre los ajustes macroeconómicos y operacionales del sector energético, y la difícil realidad económica que golpea a las familias y pensionados en una de las regiones con el costo de vida más alto del país