Desde este jueves las gasolinas vuelven a subir $35 por litro. Con ello acumulan un incremento de $102,7 por litro en sus últimos tres reajustes. En el caso del diésel, el aumento acumulado durante el mismo período llega a $214,9 por litro.
Es una cifra importante para cualquier familia y para cualquier empresa.
Pero antes de buscar responsables dentro de Chile, conviene comenzar por algo elemental: esta vez estamos principalmente frente a un problema internacional.
El petróleo Brent superó este jueves los US$105 por barril. Hace apenas algunas semanas se encontraba bastante más abajo. La explicación está fundamentalmente en la escalada del conflicto en Medio Oriente, las restricciones al tráfico petrolero a través del estrecho de Ormuz, los ataques a embarcaciones y las crecientes dificultades para asegurar el abastecimiento desde una de las principales zonas productoras del planeta.
Chile no controla ninguna de esas variables.
Ningún ministro puede fijar el precio internacional del petróleo, abrir el estrecho de Ormuz o terminar una guerra mediante un decreto. Y convertir cada aumento de la bencina en una acusación automática contra el gobierno de turno puede ser políticamente sencillo, pero económicamente incorrecto.
Eso, sin embargo, no significa que el Estado no tenga responsabilidades. La primera es explicar bien lo que está ocurriendo.
Chile sigue siendo altamente dependiente de los mercados internacionales de combustibles. De acuerdo con antecedentes oficiales del sector energético, alrededor del 77% del diésel y 41% de la gasolina consumidos en el país corresponden a productos importados, además de nuestra dependencia del crudo extranjero para buena parte de la refinación nacional.
El precio que finalmente pagamos incorpora el valor de paridad internacional, transporte, seguros, logística, impuestos y márgenes de distribución. ENAP no fija el precio que una estación cobra al consumidor; su estimación considera precisamente los valores del mercado internacional y el funcionamiento del MEPCO.
Por eso una guerra que ocurre a más de 13 mil kilómetros de Punta Arenas puede terminar algunas semanas después aumentando el costo de llenar un estanque en Magallanes.
Esa es la realidad de una economía integrada al mundo.
Pero también debemos comprender una segunda realidad: el mismo aumento por litro no produce el mismo efecto en todas partes de Chile.
En Magallanes las distancias son mayores, muchas actividades dependen intensamente del transporte y existen menos alternativas para sustituir el vehículo particular o el transporte terrestre. El combustible no afecta solamente a quien llega a una estación de servicio.
Afecta al transportista que mueve mercadería. Afecta a la pequeña empresa que distribuye sus productos. Afecta al turismo, a la construcción, a los servicios y a quien debe recorrer largas distancias para trabajar.
Y finalmente una parte de esos mayores costos termina llegando al precio que pagan las familias.
Por eso, en una región extrema, la bencina no es solamente un gasto de transporte. Es uno de los componentes del costo territorial de vivir y producir.
El propio Banco Central acaba de reconocer la magnitud del problema. En su Informe de Política Monetaria de septiembre señala que el aumento de los combustibles ha reducido el ingreso disponible de hogares y empresas y ha contribuido de manera importante a mantener la inflación alrededor del 4%. Al mismo tiempo, redujo drásticamente su estimación de crecimiento para Chile durante 2026, desde un rango de 1%-1,75% a apenas 0,25%-0,75%.
Es, por tanto, mucho más que un problema del automovilista.
Es un shock económico.
La pregunta siguiente es cuánto puede durar.
Aquí también hay que evitar tanto el alarmismo como la falsa tranquilidad. Los acontecimientos de los últimos días han empeorado y operadores internacionales ya están trabajando bajo la posibilidad de una interrupción prolongada de los flujos del Golfo. El mercado ha demostrado, sin embargo, cierta capacidad para encontrar rutas y proveedores alternativos.
El Banco Central, de hecho, no supone que un petróleo superior a US$100 vaya a mantenerse indefinidamente. Su escenario utiliza un promedio Brent-WTI de alrededor de US$79 para 2026-2028, basado en las curvas de futuros disponibles al cierre de su informe.
Ese contraste es importante.
Hoy tenemos petróleo sobre US$100, pero los mercados todavía esperan una normalización posterior. Por eso la respuesta responsable tampoco puede consistir en transformar un shock internacional eventualmente transitorio en subsidios permanentes imposibles de financiar.
Chile ya posee el MEPCO precisamente para suavizar las fluctuaciones. Ha cumplido esa función, pero no es gratuito. La Dirección de Presupuestos estimó que entre 2014 y 2025 el mecanismo acumuló un costo fiscal cercano a US$2.000 millones y ha advertido que frente a shocks prolongados los subsidios generalizados pueden volverse muy costosos y regresivos.
La solución, entonces, no es escoger entre dos extremos: dejar que todo el aumento llegue inmediatamente a las familias o pretender que el Estado puede congelar indefinidamente el precio mundial del petróleo.
Se necesita equilibrio.
Mantener mecanismos que amortigüen cambios violentos, cuidar las finanzas públicas y, cuando el impacto se prolongue, focalizar la ayuda donde el costo sea realmente mayor.
Y allí Magallanes tiene argumentos para exigir una mirada territorial.
No se trata de pedir un privilegio ni de desconocer que enfrentamos un problema mundial. Se trata de reconocer que una política nacional puede producir efectos muy diferentes según el lugar donde se aplique.
La misma lógica que justifica políticas especiales de conectividad, vivienda, calefacción o transporte en zonas extremas debe formar parte de esta discusión.
Porque vivir en Magallanes tiene costos estructuralmente distintos. La coyuntura actual deja además una enseñanza de más largo plazo.
Resulta paradójico que una región cuya historia moderna está profundamente ligada al petróleo y al gas, y que hoy aspira a convertirse en uno de los grandes polos mundiales de nuevas energías, continúe siendo tan vulnerable a una crisis originada al otro lado del planeta.
No podremos eliminar completamente esa dependencia en pocos años. El transporte terrestre seguirá necesitando combustibles durante bastante tiempo.
Pero sí podemos avanzar en electrificación, generación local, infraestructura energética, eficiencia, nuevas tecnologías y aprovechamiento inteligente de las ventajas que tiene Magallanes.
El hidrógeno, las energías renovables y la enorme capacidad eólica regional no deben ser vistos solamente como proyectos de exportación. También deberían ayudarnos, con el tiempo, a construir mayor seguridad y autonomía energética regional.
La actual alza de las bencinas pasará. Puede demorarse algunos meses y puede incluso empeorar antes de comenzar a disminuir. Nadie responsable puede asegurar hoy cuándo terminará el conflicto que la está provocando.
Lo que no debería pasar es la oportunidad de aprender de ella.
No podemos controlar lo que ocurre en el estrecho de Ormuz. Sí podemos decidir qué tan vulnerable queremos que siga siendo Magallanes cuando vuelva a ocurrir una crisis internacional.
Esa es la discusión que vale la pena comenzar.