Hemos
conocido con mediana sorpresa acerca de las irregularidades en la
creación de fundaciones y convenios que ellas han suscrito con diversos
Servicios Públicos, especialmente con aquellos que entregan fondos vía
trato directo, como ha sido el caso de Minvu en Antofagasta, donde ha sido involucrada una diputada de la República, por sus vínculos con los socios de una fundación denominada “Democracia Viva”. Se han conocido variadas denuncias en la medida que van pasando los días.
La ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, solicitó a través de un punto de prensa, la semana que se termina que, los diputados y senadores respeten las facultades y atribuciones exclusivas del Presidente de la República respecto de la solicitud de remoción o cambios en las carteras ministeriales. Curiosa (por decir lo menos) ha
sido la aparición de personeros de oposición al Gobierno, especialmente
militantes de Renovación Nacional y la UDI, haciendo críticas
irrisorias para casos de corrupción en la política, como por ejemplo el
reelegido senador por la Región de Los Lagos honorable
Iván Moreira, quién estuvo involucrado, como es de conocimiento
público, en el denominado caso SQM que quedó sin ningún tipo de
sanciones penales efectivas para los involucrados, como era esperado por
la ciudadanía. Respecto del caso del senador
Moreira, la causa iniciada se terminó a través de una salida
alternativa, denominada Suspensión Condicional del Procedimiento, que es
una forma de poner término al juicio en la medida que el
encartado-imputado cumpla con los requisitos que establece el artículo
237 del Código Procesal Penal. La referida norma del Código Procesal
Penal establece que: Artículo 237.- Suspensión condicional del
procedimiento. El fiscal, con el acuerdo del imputado, podrá solicitar
al juez de garantía la suspensión condicional del procedimiento. El juez
podrá requerir del Ministerio Público
los antecedentes que estimare necesarios para resolver. La suspensión
condicional del procedimiento podrá decretarse: a) Si la pena que
pudiere imponerse al imputado, en el evento de dictarse sentencia
condenatoria, no excediere de tres años de privación de libertad; b) Si
el imputado no hubiere sido condenado anteriormente por crimen o simple
delito, y c) Si el imputado no tuviere vigente una suspensión
condicional del procedimiento, al momento de verificarse los hechos
materia del nuevo proceso. La presencia del defensor del imputado en la
audiencia en que se ventilare la solicitud de suspensión condicional del
procedimiento constituirá un requisito de validez de la misma. Si el
querellante o la víctima asistieren a la audiencia en que se ventile la
solicitud de suspensión condicional del procedimiento, deberán ser oídos
por el tribunal.
Ahora bien, lo que señala el senador
Moreira en los canales de TV donde suele ser invitado reiteradamente,
como experto en todo, indicando que él ha sido sobreseído por los hechos
cometidos, es efectivo, y efectivamente cumpliendo las condiciones
impuestas, transcurrido el plazo, el tribunal constatando aquello debe
dictar el sobreseimiento definitivo, y se pone término a la causa, sin
que exista condena de por medio. Por supuesto que, cuando el senador
fue consultado por el caso del “financiamiento irregular de la
política” se indignó con el periodista que le hizo recuerdo respecto de su
petición de “raspado de la olla” exaltándose para que no insistan en
preguntarle acerca de su caso, que lo califica como un error y lo
denomina “su situación”, cabe hacer presente que el senador Iván Moreira comenzó su carrera política en nuestra ciudad de Punta Arenas, y que actualmente es militante de la UDI.
El
empate viene rápidamente, por lado y lado, como dicen los analistas
políticos, que son muchos, faltan cientistas políticos en los canales de
TV y en las radios
con presencia nacional, puesto que este tipo de noticias venden mucho, y
generan gran conmoción temporal en la ciudadanía medianamente
informada.
Se
ha sabido como se dijo, que son varias las fundaciones que no contaban
con el giro para desarrollar los proyectos adjudicados a través de trato
directo, y sus socios fundadores no han dado entrevista alguna a los
medios de prensa que realizan sus máximos esfuerzos para obtener la
primicia, lo que genera mayores especulaciones y caldo de cultivo.
No
cabe duda que, “la Política” trae aparejada importantes ingresos
económicos, que tienta a los que, han señalado con terminar con actos de
corrupción, y que serán sancionados con las penas del infierno, lo que
en la práctica estimamos no ocurrirá jamás.
Mientras
tanto, nos olvidamos de las necesidades más básicas de la ciudadanía,
que han puesto en jaque al Gobierno actual, como el caso de las graves
inundaciones ocurridas hace unas semana en el centro del país, y que dejó centenares de damnificados, que ignoramos cómo han
podido sobrevivir perdiendo casi la totalidad de sus bienes, se han
olvidado de la falta de camas críticas para los pacientes pediátricos de
los hospitales públicos, reforma previsional y tributaria, acusaciones
constitucionales, todo lo anterior, generará aún más el repudio que la
ciudadanía tienen hacia los políticos en Chile, todas las encuestas
realizadas los últimos años, deja en los últimos lugares al Parlamento, tanto diputados y senadores,
quienes tienen la mayor desaprobación de la ciudadanía, son
considerados desde luego corruptos, por innumerables actos que están
reñidos con la ética y legalidad, no nos podemos olvidar de los gastos y
costos asociados que debemos solventar todos los ciudadanos con
nuestros impuestos, sabemos que diputados y senadores
contratan asesores para todo tipo de actividades, pagando nosotros
hasta el combustible de los honorables, el teléfono celular, obviamente
el de más alta gama,
todo, con nuestros impuestos, si el tema convenios no es empate con
otros actos reñidos como los brevemente expuestos, no podríamos decir
que, sí se
empatará, pero se empatará hacia abajo, día a día, hora a hora se
conoce y se conocerán nuevos antecedentes respecto del “caso
fundaciones” y se repetirá el dicho “caiga quien caiga”.