Vivimos
en un país corrupto, y desde hace muchos años, algunos han optado en
responsabilizar a determinados partidos políticos y algunos de sus
dirigentes, buscando ellos mismos el empate, lo que en nada ayuda a
solucionar la grave problemática de la corrupción que se ha reconocido a
todo nivel, como un flagelo muy difícil de erradicar. Importante es
mencionar que la corrupción en general está presente en la política
desde sus inicios, pero se derivó a escándalo con el Caso Penta, SQM,
Fraude a Carabineros, Todas las instituciones de las Fuerzas Armadas,
prácticamente todas las Municipalidades del país, y un largo listado.
Ciper Chile ha sido uno de los actores principales para “destapar casos
de corrupción” desde hace larga data, en una publicación reciente el
referido medio de comunicación informaba: El Consejo de Defensa del
Estado (CDE) ha presentado 203 querellas, desde 2009, por delitos de
corrupción que involucran a municipalidades, corporaciones municipales,
funcionarios y autoridades comunales. El registro -entregado por Ley de
Transparencia-, indica que el CDE consideró que contaba con datos
suficientes para presentar una acción judicial en 135 municipios, casi
un 40% de las 346 comunas del país. De estos casos, 95 fueron cerrados o
suspendidos, pero en el 58% de ellos no se determinaron culpables. La
Municipalidad de Tierra Amarilla (Atacama) lidera el ranking con siete
causas y dos exalcaldes investigados. El mismo medio CIPER CHILE en su
amplia y larga lista de investigaciones golpeó con una noticia que
involucra a distinguidos empresarios, ex parlamentarios, políticos, y
uno de los abogados más influyentes y poderosos de Chile. En un archivo
interno de Factop, que contiene las operaciones realizadas por esa
empresa de factoring entre 2015 y 2023, aparecen personas y sociedades
relacionadas con figuras del mundo político: miembros de la familia
Alessandri (con un total de $229 millones en operaciones con Factop), la
exdiputada Andrea Molina (con $7.539 millones) y una sociedad del
expresidente Eduardo Frei (con $3.855 millones). El archivo ya está en
manos de la Fiscalía Oriente, que investiga las operaciones del
factoring después de que CIPER reveló un audio en que uno de sus dueños,
junto a los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, mencionaron
pagos de coimas a funcionarios del SII y de la CMF. Otro antecedente
respecto al “caso audios” “caso Hermosilla” “caso coimas”, etc. Dice
relación con las familias Hermosilla y Jalaff se conocen hace más de 20
años y sus nexos traspasan la asesoría legal. También han compartido
negocios. Nurieldín Hermosilla, padre del abogado ahora imputado por
supuestos pagos a funcionarios públicos, formó parte de la sociedad
controladora del Grupo Patio, en los inicios de ese holding. Entonces se
tejió la confianza: en 2002 defendió a Álvaro Jalaff -expresidente de
Patio-, en una causa por drogas. Luego se asoció con los Jalaff en una
cadena de restaurantes. En los registros internos de Factop -el
factoring de los hermanos Sauer-, aparecen facturas de Luis Hermosilla
que tienen como persona relacionada a Álvaro Jalaff. En el mismo archivo
figuran operaciones relacionadas con los hermanos Jalaff por $53.387
millones. Por último, El foco de la investigación de la fiscalía está en
el proceso de anulación de siete liquidaciones tributarias que
benefició al empresario Daniel Sauer. El mismo que en el audio grabado
en la reunión de junio, en la que participó con Luis Hermosilla y
Leonarda Villalobos, se ufanó de haber pagado $140 millones entre
sobornos y comisiones para lograr el beneficio. La indagatoria ya
determinó las fechas clave. En diciembre de 2017 una resolución rechazó
los argumentos de Sauer para anular el cobro, pero un mes después, el 19
de enero de 2018, le dieron luz verde. Las dos resoluciones fueron
firmadas por la misma funcionaria. Hay que hacerse una pregunta
nuevamente: ¿Qué pasa cuando un almacén, un pequeño emprendedor que ha
formalizado su PYME comete alguna infracción tributaria? ¿Qué pasa
cuando se realizan fiscalizaciones masivas a “negocios válidamente
establecidos” como un Restaurante, una tienda de ropa, un café, una
panadería en el barrio? La respuesta creo que todos la sabemos, el
Servicio de Impuestos Internos, La Dirección del Trabajo, Inspecciones
Municipales, aplican todo el rigor de la ley, en muchos casos los PYMES
no cuentan siquiera con la posibilidad de contratar servicios de un
abogado para la defensa de sus derechos.