Según
datos que medios de prensa nacional han dado a conocer, el 40% del
total de los municipios del país se encuentran siendo investigados por
la Fiscalía del Ministerio Público, sin contar con las investigaciones
que lleva a cabo la Contraloría General de la República, la situación es
gravísima, nos encontramos en un momento muy complejo desde el punto de
vista de la forma como la política ha ejercido el poder, es así que, se
ha difundido a través de los medios tradicionales de comunicación, el
canal de TV del Poder Judicial, de la audiencia de formalización de
investigación contra la ex alcaldesa de la UDI Cathy Barriga, y
funcionarios municipales, por diversos ilícitos de gran connotación
pública, por tratarse de imputaciones graves, como delitos de fraude al
fisco, malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos
públicos, entre otras acusaciones. Quizás en algún momento tengamos
noticias de municipios no tan conocidos como el de Maipú, el de Las
Condes, de Vitacura, entre otros, según consignó Ciper Chile, El Consejo
de Defensa del Estado (CDE) ha presentado 203 querellas, desde 2009,
por delitos de corrupción que involucran a municipalidades,
corporaciones municipales, funcionarios y autoridades comunales. El
registro -entregado por Ley de Transparencia-, indica que el CDE
consideró que contaba con datos suficientes para presentar una acción
judicial en 135 municipios, casi un 40% de las 346 comunas del país. De
estos casos, 95 fueron cerrados o suspendidos, pero en el 58% de ellos
no se determinaron culpables. La Municipalidad de Tierra Amarilla
(Atacama) lidera el ranking con siete causas y dos exalcaldes
investigados. El 16 de junio de 2023 la noticia de que Raúl Torrealba
(ex RN), exalcalde de Vitacura, quedó en prisión preventiva luego de ser
formalizado por fraude al Fisco, asociación ilícita, delitos
tributarios y lavado de activos, copó la agenda. Pero, entre los 37
procesos judiciales en que un jefe comunal ha sido acusado por delitos
de corrupción, el caso de Torrealba es una excepción. Pocos de ellos han
pisado la cárcel, ya sea como medida cautelar o en cumplimiento de una
sentencia. Es más, según el registro trabajado por CIPER, solo cinco de
ellos han sido condenados en un tribunal. Son 32 los alcaldes que
aparecen como imputados en estos procesos judiciales. En el extenso
repertorio de causas, CIPER identificó aquellas que involucraban
directamente a un edil como imputado y hay casos en que una misma
persona ha enfrentado más de una investigación en su contra, como
sucedió con Osvaldo Delgado (Tierra Amarilla), Pedro Sabat (Ñuñoa) y
Christian Vittori (Maipú). En esta nómina también se ubica la
investigación que debió enfrentar la exalcaldesa de Viña del Mar,
Virginia Reginato (UDI), en el caso “Horas Extras 1”, donde el tribunal
determinó decisión de no perseverar en el procedimiento contra la exjefa
comunal; el exedil de Ñuñoa, Pedro Sabat (ex RN), por la contratación
en la municipalidad de Alain Goffard Rodríguez (socio de su hijo en la
empresa Saygo SpA), caso por el que fue condenado a 61 días de reclusión
menor en su grado mínimo; el ex representante comunal de Maipú,
Christian Vittori, por el Caso Basura, proceso judicial del que fue
absuelto junto a otros seis imputados; Mario Gebauer (ex PPD), edil de
Melipilla entre 2008 y 2016, en la investigación vigente sobre la
licitación de luminarias a Itelecom; el exalcalde subrogante de Chillán,
Ricardo Vallejos, en el Caso Aljibes, indagatoria que tiene fijada la
audiencia de juicio oral para el próximo 11 de diciembre; Álvaro Berger
(ex PS), el exalcalde de Puerto Varas que fue condenado a cinco años de
libertad vigilada por fraude al fisco; y la exedil de Antofagasta, Karen
Rojo, condenada por la polémica contratación de la compañía Main
Comunicación Estratégica por parte de la corporación municipal que
lideraba. La mayoría de las causas son por el otorgamiento de licencias
de conducir o permisos de circulación ideológicamente falsos, pues se
entregan a personas que, por razones médicas, educacionales, capacidades
técnicas o situación migratoria, no cuentan con los requisitos. Según
las querellas, los funcionarios municipales investigados por estos casos
cobraban entre $80 mil a $300 mil por distintos servicios. Las
irregularidades con licencias y permisos han ocurrido en comunas de todo
el país, como San Joaquín, Angol, Coelemu, Carahue, La Pintana, Santa
María, Doñihue, Sagrada Familia, Quilicura, La Florida, Peñalolén,
Pencahue, Pirque, Lo Barnechea y Calera de Tango. En Pirque, por
ejemplo, un exconcejal, David Nieto Barrera (PPD), fue acusado por el
entonces alcalde de la comuna, Cristián Balmaceda Undurraga, de utilizar
su condición de autoridad frente a dos funcionaras municipales, para
obligarlas a emitir un permiso de circulación a su favor, aun cuando su
vehículo registraba 33 condenas por infracciones a la Ley de Tránsito y
multas impagadas que superaban el millón de pesos. En esta causa, el
Juzgado de Garantía de Puente Alto dictaminó la decisión de no
perseverar en el procedimiento.