La
ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejos, se refirió a las críticas
de la Asociación de Isapres respecto a un proyecto de ley denominado
“ley corta de Isapres” a propósito del Fallo de la Excma. Corte Suprema
respecto de la aplicación de la sentencia que resolvió acerca de la
tabla de factores, ordenando que deben estandarizarse los planes de
salud y además, de acuerdo a los cálculos de la Superintendencia de
Salud devolver a los afiliados una suma de 1.400 millones de dólares que
las Isapres cobraron de manera indebida a los afiliados al sistema
privado de salud.
Lo
cierto es que, la sentencia del máximo tribunal del país estableció que
las Isapres habrían aplicado una tabla de factores que no se condice
con lo que establece la ley, y que aquello fue resuelto hace 13 años
atrás a través de un fallo del Excmo. Tribunal Constitucional, sin que,
las Isapres hayan adoptado decisión alguna en post dictación de una
circular de la Superintendencia de Salud en el mismo sentido.
Tal
ha sido la complejidad de la aplicación y cumplimiento del fallo de la
Corte Suprema que se solicitó una prórroga en el plazo para el
cumplimiento de la sentencia extensiva a todos los afiliados de las
Isapres, por parte de la Superintendencia de Salud, mientras que se
pueda buscar un camino de solución para las Isapres.
La
vocera de la Corte Suprema y hoy presidenta de la Tercera Sala, Ángela
Vivanco, explicó que el nuevo plazo correrá desde el vencimiento del
plazo original el 31 de mayo próximo: “Las razones que se han tenido a
la vista para este efecto tienen que ver con la consideración de que lo
que se ha ordenado en el fallo original hasta la fecha no hemos tenido
ninguna evidencia de cumplimiento. Y en consecuencia, justamente en aras
de que el fallo se cumpla por la importancia que tiene, nosotros hemos
dado este nuevo plazo a efectos de que pueda completarse esta
situación”.
Respecto
de una eventual tardanza en presentar una solución a los afiliados la
portavoz dijo: “La demora es un tema que tiene que ver con la autoridad
sectorial, no es competencia nuestra. La solicitud se hizo dentro de la
vigencia del primer plazo, luego en una solicitud válida que nosotros
resolvimos en su mérito y que acogimos”.
La
magistrada fue consulta por críticas de distintos sectores respecto de
la sentencia original a lo que contestó: “Nosotros no debatimos nunca
sobre lo bueno o malo de nuestros fallos porque no nos corresponde. El
fallo está suficientemente justificado. Este fallo tiene por antecedente
otro del Tribunal Constitucional de hace 13 años sobre la tabla de
factores y, en consecuencia, las razones y los fundamentos están ya
dados en ese fallo y nosotros no vamos a debatir porque cada uno es
dueño de opinar lo que le parezca, pero los fallos se cumplen”.
La
magistrada también respondió ante una consulta respecto de la
preocupación del gobierno y de distintos sectores de la ciudadanía por
el cumplimiento del fallo:
“Un Estado de derecho, entre otras cosas, se caracteriza justamente porque los fallos
de los tribunales se cumplen. Hay fallos que se pueden cumplir con
cierta facilidad. Hay fallos que tienen mayores dificultades de
cumplimiento porque involucran muchos pasos, cálculos y una serie de
exámenes que, por supuesto, este fallo es del caso porque es un ajuste
de muchos planes y en la determinación de una devolución que tiene su
complejidad. El tiempo que esto se está tomando tiene que ver con el
modo que se aborda por las respectivas autoridades y si las autoridades
han estimado que necesitan más tiempo, nosotros se los hemos dado, pero
que en ese sentido haya la tranquilidad que el Poder Judicial vela y se
preocupa porque esos fallos se cumplan. Si es necesario más plazo y es
pertinente darlo, se da”, aseveró.
Por
último, resaltó que el fallo responde a una situación determinada y no
tiene otros intereses dentro de la administración pública. “En ningún
caso y bajo ninguna circunstancia este fallo ha tenido ninguna otra
intención más que se cumpla efectivamente con lo que en su momento se
consideró que eran tablas de factores que no se avenían con la
Constitución. En consecuencia, corresponde ahora hacer ajuste y
determinar si hay pagos excesivos. Esto no tiene ninguna connotación
sobre la industria de las isapres, sobre la existencia, sobre los
equilibrios, sobre la salud pública versus salud privada, sino que busca
efectivamente lo que aquí se ha dicho y en consecuencia, el público
tiene que tener la tranquilidad, que eso es lo que está hoy
discutiéndose. Cualquier otra materia está fuera de nuestro fallo y
nosotros no somos parte de esa discusión”, concluyó.