Una encuesta Cadem
realizada después del plebiscito de octubre de 2020, mostró que, por
lejos, el principal motivo para votar Apruebo fue una mayor justicia en
educación, pensiones y salud. No es extraño entonces que todas las
encuestas conocidas al día de hoy den ventaja a la opción de rechazar el
texto constitucional. En efecto, en el estado actual del texto, se
aprecia que el concepto de “justicia” se entendió como “sistema provisto
por el Estado”, es decir “un proveedor para todos”, sin atender a la
diversidad de la ciudadanía ni la calidad del sistema.
Veamos el caso particular de educación. Aproximadamente el 55% de la
matrícula nacional corresponde a colegios particulares subvencionados y
un poco más del 30% a establecimientos estatales. Si hay algo que no
puede ser objeto de sospecha de “fake new” (noticia falsa), es que el
articulado propuesto es promueve un Estado como oferente casi hegemónico
de educación pública (“estatal” no es lo mismo que “público”).
Sólo los establecimientos estatales serán beneficiarios de los recursos
económicos y logísticos destinados a mejoras en educación. En caso de
aprobarse la nueva Constitución, estaremos en presencia de una clara
discriminación entre distintos niños, en razón del tipo de
establecimiento educacional al que asistan. El Estado destinará mayores
recursos a los alumnos de establecimientos públicos y menos a los de
colegios subvencionados. Esto, claro, suponiendo el futuro Congreso no
decida terminar con la educación subvencionada, lo que resultaría algo
descabellado.
Seamos gráficos y consideremos un caso (hay muchos) de 2 hermanos: uno
asiste a una escuela estatal y el otro a un colegio particular
subvencionado. El Estado destinará más recursos a un hermano que al
otro, ¡con las mismas necesidades económicas! Más
paradójico aún: si no se ven cambios estructurales, que en el borrador
no se adivinan, es muy posible que el hermano que recibió menos
financiamiento (en alimentación y actividades extracurriculares, por
ejemplo) obtenga mejores resultados que el que recibió más.
¿Qué ha pasado aquí?, ¿por qué se llega a este absurdo? No entraremos
en el juego de interpretar intenciones. Sólo diremos que la justicia que
pedía la gente se puede resumir en 3 criterios: 1) “ajustarse” a la
diversidad y pluralidad el Chile de hoy; 2) intentar dar a cada niño la
educación que necesita, con los desafíos que ello implica y 3) no
discriminar niños en razón del tipo de establecimiento al que asisten,
gratuito en ambos casos.
El proceso constituyente, llamado a hacer de Chile un país más justo, no hace justicia a los criterios de justicia indicados aquí. La discriminación también puede ser hija de buenas intenciones.