El Congreso aprobó el año pasado una reforma al cabotaje marítimo que llevaba más de una década en discusión, y que es bastante más que una medida de costos. La ley redefinió qué se entiende por cabotaje: dejó fuera de esa definición a la carga de comercio exterior que se mueve entre puertos chilenos y al traslado de contenedores vacíos, cambió los requisitos para que una nave sea considerada chilena y abrió vías de participación a navieras extranjeras donde no existe servicio nacional. Es un reordenamiento de las reglas, y la baja de tarifas podría ser una de sus consecuencias.
La ley ya está vigente. Viene ahora la etapa que la hace operativa: el reglamento que la implementa, sometido estos días a consulta pública por la Subsecretaría de Transportes. Esa consulta es, en el fondo, una invitación. Y Magallanes tiene buenas razones para aceptarla.
Conviene partir reconociendo que no somos los primeros en advertirlo. La Fundación Prisma Austral, a través de su Observatorio, presentó observaciones a esta misma consulta y expuso públicamente su mirada sobre el Estrecho y sobre lo que una regla uniforme produce en un territorio que no lo es. Compartimos buena parte de ese diagnóstico. Y más allá de las coincidencias y de las diferencias de énfasis, hay algo que celebrar: que en una región pequeña haya más de una institución dedicando tiempo a leer y aportar a un proyecto de decreto. Eso también es desarrollo regional, aunque no lo parezca.
Nuestra mirada es complementaria y se sitúa en un plano más doméstico: cómo llegan las cosas.
Que la carga de comercio exterior transportada entre puertos chilenos ya no sea cabotaje reservado merece explicarse. Dicho sin tecnicismos: la mercancía que viene de afuera y todavía no se interna al país puede moverse entre puertos nacionales sin las restricciones que rigen para la carga doméstica. Para una región que se abastece desde muy lejos, eso no es un detalle. Es una puerta.
Ahora bien, si esta es una reforma que opera sobre definiciones, entonces la precisión de los conceptos no es un asunto accesorio: es el asunto. El proyecto en consulta recoge esa exclusión, y a nuestro juicio ganaría en claridad si precisara qué se entiende por carga de comercio exterior. No es un reproche; es la clase de aporte que una consulta busca recibir. Cuando un concepto queda bien definido, los operadores saben a qué atenerse, los fiscalizadores también, y puede aparecer oferta donde hoy no la hay.
Aquí la conversación deja de ser jurídica. En Magallanes el costo del flete se incorpora al precio de todo: de los alimentos, del vestuario, de los materiales con que se construye, de los insumos con que se produce. No distingue entre lo que compra una familia y lo que necesita una empresa o institución. Se paga igual. Y otro tanto ocurre con la regularidad: cuando la cadena se interrumpe, no se interrumpe para algunos.
Nuestro abastecimiento se resuelve por mar, o cruzando territorio extranjero, con dependencias que no controlamos. No es una circunstancia pasajera; es una condición del lugar donde vivimos, y el ordenamiento chileno la reconoció hace décadas al crear regímenes especiales para las zonas extremas.
Hay además una dimensión de futuro. Magallanes discute hoy energía, ciencia antártica, turismo, acuicultura, industria. Cualquiera sea la actividad que prospere, todas comparten una condición previa: necesitan traer cosas y necesitan sacarlas. Mejorar las reglas del transporte marítimo no decide por nosotros qué queremos ser; hace posible elegirlo.
Por eso participamos. No para pedir excepciones, sino para que los mecanismos que la propia ley diseñó puedan aplicarse plenamente: que los conceptos se precisen, que los plazos queden establecidos, que la información esté disponible para quien la necesita. Propusimos texto concreto, dentro del marco vigente, y formulamos consultas. Nada de eso es espectacular. Es el trabajo silencioso de aportar mientras un texto todavía se está escribiendo.
Hay materias que no abordamos, y que otros conocen mejor: infraestructura, conectividad, desarrollo logístico, transporte de pasajeros. Ojalá hayan concurrido los puertos, los gremios, los servicios públicos, las autoridades, otras empresas. Una región se hace oír mejor cuando habla de muchas maneras a la vez.
En la Zona Franca esto se mide todos los días. Cada contenedor que llega trae su flete incorporado, y ese costo termina repartido en las góndolas de Punta Arenas, de Puerto Natales, de Porvenir, y también en Aysén y en Palena, que forman parte del mismo régimen. Mejorar las condiciones y la oportunidad de ese transporte baja el costo de vivir y de producir en el extremo austral.
La consulta fue una oportunidad concreta, de esas que no siempre se repiten, y vale la pena que Magallanes esté presente. El cabotaje se define estos días.