Los Consejos Regionales son órganos públicos colegiados, de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, dentro del ámbito propio e competencias de los gobiernos regionales, encargados de hacer efectiva la participación de la ciudadanía y ejercer las atribuciones que la ley 19175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional le encomienda, fueron creados mediante una reforma constitucional efectuada el año 1991, desde 2014 los consejeros son elegidos por sufragio universal, en votación directa, por períodos de cuatro años, y que pueden ser reelegidos.
Cada consejo regional es presidido por su respectivo (a) gobernador (a). Las atribuciones del consejo regional son de tal importancia que definen los destinos de la región, en lo social, económico, educacional, salud, etc, para vuestro conocimiento; fiscalizar el desempeño del gobernador regional en su calidad de órgano ejecutivo del gobierno regional, como también el de las unidades que de él dependan o que ejerzan competencias propias del gobierno regional; aprobar, modificar o sustituir los convenios de programación que el gobernador regional proponga celebrar y aprobar los planes regionales de desarrollo urbano.
Teniendo presente estos roles y/o funciones, tanto del gobierno regional como del consejo tenemos que llegar a la siguiente conclusión: En Magallanes, ambos organismos han cometido faltas graves en el cumplimiento de sus tareas, esto es causal, sin lugar a duda de una investigación de parte de la Contraloría Regional, ya que no es posible aceptar gastos inaceptables de quienes están ejerciendo el poder, para que se entienda, quien propuso y quien autorizó más de $ 200 millones de pesos para construir un cierre perimetral en el exhospital regional de punta arenas, acción que no cumple con la solución al problema, es decir alejar a los delincuentes y vagos que pululan en el sector o bien cambiarle la cara al sector para que no sigan escribiendo los grafiteros, esto no ha ocurrido, por lo tanto la decisión fue un error grave, ahora los delincuentes tienen hermosos pizarrones, amplios espacios para que hagan de las suyas, y si alguien piensa que no van a ingresar al recinto, se equivocan, ahora será peor.
Continuando con el show de gastos del gobierno regional y los integrantes del CORE, como pudieron aprobar un contrato de sistema de videoconferencia por $ 76 millones de pesos, y le agregamos el gasto de más de $ 60 millones de pesos en un año calendario por pasajes aéreos, donde queda la austeridad, esta es una forma de traicionar la confianza que le entregó la ciudadanía, este es un ejemplo del como la casta política de Magallanes, se dan sus gustos de ricachones y mal utilizan los recursos de todos nosotros, ahora el culpable es el consejero que da a conocer estos hechos, con toda seguridad será tildado de traidor, desde esta tribuna valoro la sinceridad del consejero Riquelme, sin embargo, he de decirle que esto de decir la verdad y las cosas por su nombre, tiene un costo, bien lo sabe quién escribe este artículo, pero no debe claudicar, debe seguir adelante, además, los magallánicos tienen todo el derecho del mundo de saber cómo se gastan los dineros y cómo actúan los políticos del gobierno regional en sus funciones, más aún si el poder se lo entregó la ciudadanía a través del voto.
Estimados (as) Lectores (as): Pero acá no terminan los escándalos, aun faltan aclarar los dos casos de acoso a dos mujeres en el gobierno regional por parte del brazo derecho del Señor Gobernador, el administrador regional, seguro que la máxima autoridad estará esperando el resultado del sumario de la Contraloría, así lo señaló el Señor Gobernador en un medio de comunicación, y que pasará con la acusación del consejero Riquelme en contra de la Cormunat de Puerto Natales por el desvío de ciertos dineros, efectuará el CORE la fiscalización correspondiente, la teleserie continuará ya que seguirán los escándalos y errores, por último y para finalizar; y cuando le preguntaran a todos (as) los (as) magallánicos las verdaderas necesidades de la región para invertir en salud, educación, urbanismo y vivienda.