Antes
de la instalación del nuevo Servicio Local de Educación, ya el Colegio
de Profesores, se declara en estado de alerta por el reciente
nombramiento del nuevo Director Regional de dicho servicio. O sea, ya
se generó incertidumbre acerca de cómo se desarrollaría la instalación
de ese nuevo servicio a cargo de conducir, a futuro, la educación
pública. Lo cierto es que se trata de procedimientos completamente
independientes: una cosa es la postergación de la instalación del
servicio y otra distinta es el nombramiento que resuelve un concurso
público pendiente desde el año 2021.
Por
el contrario, consideramos que lo primero es precisamente el
nombramiento y la instalación en sede administrativa del nuevo servicio.
Sin perjuicio, que este comience sus funciones en el año 2024, máxime
si se considera que el traspaso es un proceso complejo que demanda un
intenso trabajo administrativo que no se encuentra afinado. En
realidad,
si
se consideran las vacaciones de invierno y de verano de cada año, el
tiempo que media para la instalación del nuevo servicio público, no es
excesivo, esto de no mediar un nuevo paro, como consecuencia del estado
de alerta, interrupciones que desafortunadamente, ya forman parte de la
rutina y periodos remunerados a los cuales las comunidades educativas ya
están habituadas.
El
periodo de vacancia puede ser aprovechado en generar todas aquellas
indicaciones que la ley requiere para su implementación, especialmente
aquellas materias especialmente sensibles para los municipios, tales
como los pasivos de arrastre que se generarán en el lapso de la
postergación anunciada, dado que no resulta posible continuar con el
sistema de subvención a la educación, como única o principal fuente de
financiamiento. De hecho, la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, una
vez más, debe efectuar un aporte de novecientos millones de pesos sólo
para pagar sueldos, sin que hasta la fecha se resuelva del todo el pago
de imposiciones previsionales y créditos sociales adeudados.
Naturalmente, en este contexto, adquiere sentido la negativa de los
concejales que se resisten a autorizar nuevos aportes, porque ello les
impide cumplir con otras urgencias del municipio en plena temporada
invernal.
A
su vez, las comunas pequeñas requieren con urgencia ser escuchadas
acerca de sus propias reivindicaciones. Especialmente, la comuna de
Puerto Natales, que inclusive durante el proceso de generación de la ley
Sobre Nueva Educación Pública, ha instado por la creación de una
oficina local, que les de mayor autonomía y evite el centralismo
intrarregional, iniciativa que ha defendido desde siempre el Sindicato de Trabajadores de los Asistentes de la Educación.
El
proceso de instalación en lo administrativo, debe iniciarse con la
debida antelación y nada mejor que antes que comience el funcionamiento
del nuevo servicio exista una autoridad instalada y con atribuciones a
nivel regional, a la cual poder dirigirse, que pueda analizar los costos
reales de su instalación, los compromisos pendientes y elaborar un
presupuesto que a nivel regional de cuenta de nuestra realidad y tenga
el tiempo suficiente para analizar la información que los municipios y
corporaciones le deben proporcionar, nada de lo cual justifica ni un
estado de alerta, movilizaciones ni generar una injustificada
incertidumbre.