La
Convención Constituyente en el portal denominado “Plataforma digital de
Participación Popular” proporciona desde hace varios meses un
“Mecanismo de participación mediante el cual la ciudadanía puede
proponer texto para ser incorporado en la nueva Constitución”.
Estas
iniciativas pueden inscribirse hasta el 20 de enero, pero al 01 de
febrero del 2022 deben contar con el apoyo de 15.000 firmas para ser
consideradas.
Los
Colegios Profesionales no se quedan atrás. Existe la Iniciativa N°8.270
levantada por la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de
Chile, que reúne actualmente a 22 asociaciones gremiales, entre ellas
el Colegio de Contadores de Chile A.G.
La
propuesta es la siguiente: “La constitución reconoce y ampara la
existencia de los colegios profesionales universitarios como organismos
intermedios de la sociedad, que colaboran con los propósitos y
responsabilidades del Estado. Los colegios profesionales que reconoce la
constitución son corporaciones autónomas, democráticas, con
personalidad jurídica de derecho público, sin fines de lucro, y creadas
por ley. La labor de estos colegios consiste en velar por el correcto
ejercicio profesional y el fiel cumplimiento de la ética de todos los
profesionales”.
Esto
implica recuperar la atribución de los Colegios Profesionales que se
perdió con el DL.3621 del 07/02/1981. Ser garantes de la fe pública, al
velar porque los profesionales se apeguen fielmente a la normativa.
De
esta manera se aplicaría un control previo a la ejecución de la tarea,
que minimizaría apropiaciones indebidas de fondos de terceros y
desfalcos, que desde hace más de dos décadas se ha acentuado en nuestro
país.
Este
importante desafío para los colegios profesionales, implica
reestructurarse de acuerdo al modelo previo al año 1981, es decir,
fortalecerse con los comités de ingreso, ética y disciplina, que permita
funcionar como un organismo moderno, que no entrabe el inicio del
ejercicio de los nuevos profesionales, y los controles sean aplicados en
forma oportuna, tanto para despejar dudas ante denuncias a colegiados,
como a su vez aplicar medidas correctivas y sancionatorias como la
expulsión del profesional, quien no podría ejercer libremente, debiendo
hacerlo bajo la tutela de otro profesional colegiado que deberá velar y
responder por el trabajo de sus colaboradores.
Es
el momento oportuno, ya que se debe optimizar los recursos del Estado
en sus diferentes formas, para lograr satisfacer las demandas sociales.
Se podría minimizar desfalcos multimillonarios, como hemos visto en
servicios públicos y privados, y evitar vergonzosos casos, como el del
supuesto “profesional” que, sin ser Ingeniero comercial, desfalco a
programas sociales en Puerto Natales, y no contento con eso, en su
huida, se convirtió en “médico dermatólogo” en Puente Alto, manteniendo
la senda de la estafa.
Si quiere ejercer la democracia y aportar a la justicia, lo invito humildemente a apoyar esta iniciativa.