Es
hora de que en Chile haya una real fiscalización a todas las
instituciones, porque la corrupción no ha muerto, está más viva que
nunca. Y no pasa por generaciones, ni ideologías, ni las autoridades de
turno. La corrupción es muy transversal y ello nos lleva a farrearnos el
país. Los hechos dados a conocer hace un mes y que afectan directamente
a Revolución Democrática (RD) -uno de los partidos más importantes del
Gobierno del Presidente
Gabriel Boric- son graves, tienen que ser investigados profundamente,
tanto estos como los que pudieran aparecer en el futuro que sean
semejantes. Hace una década los mimos fiscales que detectaron los casos
Penta, SQM y otros decían que debiera haber una voluntad de que estas
conductas no se repitan en el futuro y volvimos a lo mismo con otros
actores. En Chile hay falencias en los procesos de asignaciones de
fondos estatales. Acá en la Región de Magallanes y Antártica Chilena
hemos sido testigos de que no es apropiado la asignación directa de
millonarios recursos sin que exista una licitación previa, sin que
exista un comité técnico que revise los antecedentes, sin que exista una
decisión colegiada al momento de efectuar esa designación. Acá hay
demasiadas atribuciones, por ejemplo, para el gobernador regional para
que a dedo entregue millonarios fondos de la región para quienes
presenten un determinado proyecto y también le puede bajar el pulgar a
otros muchos. La asignación de fondos públicos directa debería ser una
excepción absoluta, justificada en casos de catástrofe. Volvimos a casos
similares al MOP-Gate. Es un punto en común que tiene que ver con la
indignación ciudadana, por la cual -por ejemplo- se llegó al estallido
social, que desembocó en vandalismo y delincuencia. Hoy podemos dudar de
todos y no
saber quien tiene la credibilidad asegurada, por eso vamos viendo en
las votaciones que a medida que pasa el tiempo van ganando los que menos
heridas de corrupción presentan.