Como “La Deuda Histórica” ha sido conocido el perjuicio salarial que vivieron miles de docentes de nuestro país cuando se realizó la municipalización de la educación pública en nuestro país durante la dictadura. Hubo una serie de municipalidades y corporaciones que como nuevos empleadores desconocieron la deuda y el reajuste salarial. Lamentablemente, dicha vulneración y afectación a las y los docentes de nuestro país nunca tuvo una respuesta clara por parte del Estado.
Es en consideración de todo esto que como Gobierno hemos asumido una responsabilidad: El Presidente Gabriel Boric incorporó la reparación de la Deuda Histórica en su Programa de Gobierno. En tal sentido, a partir de una serie de instancias y mesas de trabajo, le presentamos al Colegio de Profesores una propuesta de reparación que el directorio nacional del gremio sometió a un plebiscito en el que participaron únicamente las y los docentes afectados. El resultado fue contundente: El 82% de las y los votantes se manifestó a favor de la reparación.
Es, frente a dicha instancia, que el Gobierno elaboró el presente proyecto de ley, que en rigor constituye la primera ocasión en que el Ejecutivo pone sobre la mesa una solución concreta a la Deuda Histórica, con un monto viable, una nómina certificada de destinatarios, y una temporalidad razonable de cumplimiento. Se trata de una propuesta, además, legitimada entre las y los afectados mediante un ejercicio democrático y transparente.
Dentro de nuestra principales ideas están el reconocimiento de la deuda, el trabajo y apoyo del Colegio de Profesores, el respaldo de un consulta pública con más de un 82% de apoyo, un proyecto que beneficiará a más 57.000 docentes y la transmisibilidad del aporte. Para todo esto el Ministerio de Educación dispondrá de canales y formularios oficiales que facilitarán la entrega y verificación de los antecedentes requeridos para acceder a la reparación.
Por supuesto que esta propuesta implica un esfuerzo importante de parte del Gobierno para entregar una solución que reconozca material y socialmente a las y los docentes afectados. Este proyecto se suma a una serie de otras iniciativas, como la Ley de Sistema Único de Evaluación Docente y el Plan Nacional Docente, que expresan las prioridades del Gobierno hacia las y los profesionales de la educación.
Para el Gobierno este es un acto de justicia largamente esperado. Cumplir con la deuda histórica es el reconocimiento al sacrificio y persistencia de miles de docentes y familias, que vieron perjudicada de forma directa su calidad de vida. Estamos proponiendo una primera solución concreta y viable. Tras décadas de lucha de miles de profesores y profesoras, el Gobierno de Gabriel Boric se está haciendo cargo de esta deuda que afectó a generaciones de chilenos y chilenas. No podemos perder más tiempo, no puede seguir esperando. Por eso, nuestro llamado es a honrar su legado y abrir también camino a un nuevo horizonte para la educación en Chile, reconociendo el valor de las y los docentes en el desarrollo social de nuestra patria.