Numerosos
estudios públicos y encuestas de los últimos años muestran que la
delincuencia es la mayor preocupación de los chilenos. Si bien construir
un país seguro es labor de todos, el Estado es el principal garante de
la seguridad de los ciudadanos y debe cumplir esta labor con el mayor
celo, pues es la más importante de sus funciones. En Punta Arenas no
hemos encontrado soluciones a esta problemática. Hemos tenido quema y robo de vehículos y asaltos en la vía pública. Y pese a la pandemia de coronavirus, las cifras no han disminuido lo que se esperaba. A ellos ahora debemos
agregar el tráfico de drogas, absolutamente instalado en la Región de
Magallanes y Antártica Chilena. La gente está inquieta, preocupada. Hay
temor en la ciudadanía. Por eso es muy valorable que los alcaldes tomen
iniciativas para abordar los problemas relativos a la delincuencia, sin
perder la perspectiva de que estas medidas solo
pueden entenderse como complementos a la labor policial y al trabajo de
las fiscalías. Cada vez es más común conocer personas que han sido
víctimas de alguna forma de crimen. Hace solo unos días supimos de casos
que ocurren en un populoso sector de la capital
regional. Más allá de las cifras del gobierno de turno, queda la
sensación de que el país es cada día más inseguro y la delincuencia más
agresiva. Por ello, el mismo Presidente Gabriel Boric ha bajado
bruscamente en su aprobación ciudadana. Y se ha instalado una amarga
sensación de impunidad y que cada quien debe arreglárselas como pueda.
En eso se debe pedir mayor trabajo e investigación del Ministerio
Público. Carabineros
y la Policía de Investigaciones apoyan la iniciativa del municipio
local, porque también se dio cuenta de que todo suma y que la gente
quiere volver a vivir de manera segura y tranquila.