¿Es importante el derecho de acceso a la información pública? Cierto que lo es, y Chile desde el año 2008 cuenta con una ley que en términos generales reconoce a todas las personas su Derecho de Acceso a la Información Pública.
Este derecho funciona como una fórmula que permite a cualquier persona acceder a la información pública, es decir, aquella que se encuentra en poder de cualquier Institución Pública.
Sin embargo, en Chile no siempre se hace efectiva y muchas veces nos vemos envueltos en un trámite burocrático que genera hastío entre aquellos que nos interesamos por la transparencia, condición básica para fiscalizar el ejercicio del poder, tanto en el ámbito público como el privado.
El Estado y las instituciones que conforman el Estado, además de aquellas otras instituciones que reciben financiamiento público, entre otras cosas son estructuras de poder.
La información que manejan estas instituciones a la vez son fuente de poder y la información como bien todos sabemos es poder. Entonces de alguna manera el poder es la información que un funcionario del estado o un burócrata tiene y de la cual los demás carecen. Esta situación evidentemente denota una asimetría de información.
De acuerdo al estudio Nacional de Transparencia, realizado por el Consejo para la Transparencia el año 2020, la ciudadanía destaca una mala relación con el Estado; pues, lo sienten distante (88%), sienten que es una relación de “mal trato” (83%) y en la que existe discriminación (82%). La percepción que tienen los encuestados de que los organismos públicos en Chile son poco transparentes es de 78%.
Es transversal la opinión de que las personas deben tener derecho a la información de cualquier organismo público, de que éste esté obligado a responder y de que exista derecho a reclamar (93%, 94% y 95% respectivamente).
Estas posturas tienen como piedra de tope, el desconocimiento de la existencia de una institución dedicada a acoger reclamos de los ciudadanos cuando un organismo no entrega información. Este desconocimiento alcanza el 77%.
Entre quienes indican sí conocer sobre una institución de este tipo (24%), el 28% nombra –erróneamente- al SERNAC, un 12% al Gobierno y un 7% la Contraloría. El Consejo para la Transparencia es nombrado por el 1% de los encuestados.
Respecto al acceso a la información los encuestados señalan que el acceso es más bien difícil (80%) y lento (81%). En contraste, el 61% la considera útil y el 85% necesario, que fomenta la participación ciudadana (66%) y que mejora la gestión pública (66%).
Desde el año 2020 que no tenemos estudios que nos entreguen información actualizada sobre el estado de la transparencia en Chile.
Entonces tenemos un problema con la responsabilidad del estado respecto al principio de transparencia en Chile o a lo menos algo no está funcionando como debiera ser con la institucionalidad.
El principio de transparencia regulado por la ley de transparencia en Chile hoy no está siendo suficiente para alcanzar objetivos de probidad y disminución de la corrupción, tal situación nos invita a repensar y en lo posible tener una mirada de estado, a mediano y largo plazo, para enfrentar gran parte de los problemas que se presentan actualmente y que dependen de una mayor dosis de transparencia, que el Estado debiera fomentar.
Porque no basta con tener la institucionalidad que vela por la transparencia, la institucionalidad también que tiene la última palabra y que no siempre es la acertada.