En momentos en que Chile vuelve a discutir cambios tributarios de gran alcance, resulta indispensable preguntarnos algo que muchas veces queda relegado frente a los grandes titulares: ¿qué ocurrirá con las pequeñas y medianas empresas?
La pregunta no es menor. Cuando hablamos de pymes no nos referimos solamente a una categoría tributaria o a un determinado nivel de ventas. Hablamos de miles de emprendedores, empresas familiares y negocios que generan empleo, dinamizan las economías locales y, especialmente en regiones, sostienen buena parte de la actividad económica.
La discusión adquiere especial relevancia ante los cambios que se proyectan para nuestro sistema tributario. Actualmente, la Ley N.º 21.755 estableció transitoriamente una tasa de Impuesto de Primera Categoría de 12,5% para las empresas acogidas al Régimen Pro Pyme durante los ejercicios comerciales 2025 al 2027, aumentando a 15% para 2028, bajo las condiciones establecidas por la propia ley. Sin una modificación permanente, posteriormente volvería a operar la tasa general del régimen Pro Pyme, actualmente establecida en 25%.
Por ello, más que discutir solamente porcentajes, debemos preguntarnos qué política tributaria queremos para las pymes chilenas durante la próxima década.
Desde regiones esta discusión se observa con especial preocupación. Una pyme que desarrolla sus actividades en Santiago no necesariamente enfrenta las mismas condiciones que aquella que intenta crecer desde Punta Arenas, Puerto Natales, Coyhaique o cualquier localidad alejada de los grandes centros económicos. Los mayores costos logísticos, las dificultades de conectividad, el acceso al financiamiento y la disponibilidad de profesionales especializados generan realidades muy diferentes.
Por eso, una política tributaria para las pymes no puede limitarse únicamente a establecer una tasa reducida. Necesitamos avanzar hacia un sistema estable, simple y comprensible, que entregue certezas para invertir y permita que las empresas puedan concentrar sus esfuerzos en crecer, generar empleo e innovar.
También debemos revisar cómo el sistema financiero interpreta la realidad tributaria de estas empresas. El Régimen Pro Pyme contempla mecanismos de determinación de resultados que buscan simplificar el cumplimiento tributario, pero esa lógica no siempre conversa adecuadamente con los criterios utilizados para evaluar capacidad financiera y acceso al crédito. Tributación, contabilidad y financiamiento deberían avanzar hacia una mayor coordinación.
Existe, además, otro desafío que pocas veces incorporamos a esta conversación: no debemos diseñar beneficios que terminen castigando el crecimiento. Una pyme exitosa debe tener incentivos para transformarse en una empresa mediana y posteriormente en una gran empresa. Los límites y transiciones entre regímenes deben ser suficientemente graduales para que crecer nunca sea percibido como un problema tributario.
Chile necesita grandes inversiones, pero también necesita miles de pequeñas empresas fuertes. Ambas realidades no son contrapuestas. Por el contrario, forman parte del mismo ecosistema económico.
Desde el Colegio de Contadores tenemos la responsabilidad de contribuir técnicamente a esta discusión. Somos quienes conocemos de cerca la realidad financiera y tributaria de miles de empresas y sabemos que detrás de cada declaración de impuestos existen personas tomando decisiones, arriesgando capital y generando empleo.
La próxima discusión tributaria representa una oportunidad para entregarles una señal clara: las pymes también deben estar en el centro de las políticas públicas.
Porque cuando una pyme crece, no solamente crece su propietario. Crecen sus trabajadores, sus proveedores, su comunidad y, finalmente, crece Chile.