La
pregunta es: ¿para los gobiernos existe interés por las zonas aisladas?
Muchos dicen que no, porque el peso electoral es bajísimo (Magallanes
representa menos del 1% del total de la votación a nivel país),
resultante de la baja población y de la emigración de su capital humano a
las grandes ciudades. Pero nosotros, en Magallanes, por primera vez
tenemos un Presidente de la República, Gabriel Boric, y confiamos en que
conoce mejor la zona que cualquiera. Pero lo que ha ocurrido con los
distintos gobiernos de derecha, izquierda y de este mismo en sus
primeros ocho meses es que se deben hacer gestiones en beneficio de las
zonas extremas. Y esto no es un lamento que se venga dando desde hace un
par de décadas, es una constante que se repite en el tiempo y que
siempre hay compromisos que se adquieren para revertir esta realidad.
Así se explican las limitadas franquicias e incentivos contenidos en las
legislaciones especiales para las inversiones privadas no sólo en
nuestra zona, sino también en Aysén, Palena, Arica y Parinacota. Esta
falencia se intenta suplir a veces con gasto público episódico y
subsidios encubiertos, decididos muchas veces centralizadamente y que no
sirven para atraer inversiones de particulares y para el desarrollo
autónomo y sustentable de esas regiones y equilibrado del país. Los
últimos mandatos han acogido las justificadas presiones regionales,
manifestando una mayor conciencia y señalando públicamente la
postergación de las zonas extremas. Esto ha derivado en mayores
programas de inversión pública, pero no ha sido suficiente. Los frutos
de estas iniciativas comienzan a percibirse, pero subsisten los
incordios de la falta de incentivos, de infraestructura, la burocracia y
los centralismos, que dificultan la llegada de inversión privada
significativa y un ejercicio efectivo de la soberanía en las zonas
extremas. A los privados no se les compensa ni motiva para aumentar la
inversión en la zona y deberemos cobrar las palabras comprometidas.