Este viernes concluyeron
las actividades de participación ciudadana del proceso constitucional
en curso, sobre las cuales escribí mi columna de la semana pasada. De
hecho, en la noche del jueves tuve el gusto de participar en diálogos
ciudadanos organizados por la Cámara Chilena de la Construcción en Punta
Arenas.
Aunque
aún falta procesar la información, las cifras preliminares muestran que
casi 40.000 personas respondieron la consulta ciudadana, casi 11.000
participaron en diálogos ciudadanos y cerca de 236.000 apoyaron
distintas iniciativas populares de norma. En este último punto, más de
dos terceras partes de los 637.000 apoyos fueron en beneficio de las 31
iniciativas que superaron el umbral de los 10.000 votos, que garantiza
su discusión al interior del Consejo Constitucional.
Las
cinco iniciativas más votadas abarcan temas muy diversos, desde la
protección y reconocimiento de los animales como seres vivos dotados de
sensibilidad (con 25.415 apoyos); pasando por la garantía de la
propiedad, heredabilidad y derecho a elegir quién administra los ahorros
previsionales (con 24.505 votos); el fortalecimiento del derecho
preferente de los padres para educar a sus hijos junto con la libertad
de enseñanza (con 19.941 votos); la estructuración de un Estado moderno,
al servicio de las personas y de la sociedad (con 18.705 apoyos y una
interesante distinción entre funciones de Gobierno y Administración del
Estado); y, finalmente, la iniciativa impulsada por la organización Yo
Apoyo a Carabineros que busca proteger a las policías y fuerzas armadas,
reforzando el uso legítimo de la fuerza pública (con 18.306 votos).
Si contrastamos estos números y temas con los del proceso anterior,
podemos ver una menor participación (antes participaron casi un millón
de personas, con casi 3.000.000 de votos) y una sola coincidencia
temática: aquella vinculada con la protección de nuestros ahorros
previsionales (impulsada por la organización Con Mi Plata No), que fue
la más votada del proceso anterior (con más de 60.000 patrocinios) y que
en esta ocasión estuvo a punto de repetir el primer lugar de las
preferencias (demostrando gran sintonía con la ciudadanía).
Estos
menores niveles de participación son coherentes con el menor nivel de
efervescencia con que cuenta este segundo proceso, donde ya no se trata
de refundar el país y satisfacer múltiples demandas identitarias
(también, por cierto, presentes en algunas iniciativas), sino que de
buscar consensos sobre aquellos temas que nos unen como sociedad.
Los
múltiples temas abordados en las iniciativas de norma reflejan una
sociedad compleja y diversa. El Consejo Constitucional, que tiene hasta
el 17 de julio para presentar enmiendas al borrador preparado por la
Comisión Experta, deberá determinar cuáles iniciativas populares de
norma quedarán recogidas en el borrador de constitución que se
plebiscitará el 17 de diciembre. Espero que, en esa tarea, sigan
manteniendo una actitud distinta a la observada en el proceso anterior,
realizando un análisis sobrio y ponderado sobre el mérito de cada una de
ellas, evaluando si corresponde o no incorporarlas como parte de
nuestra nueva constitución.