El
viernes comenzó a regir la nueva Instrucción General sobre
Transparencia Activa, para todos los servicios públicos del país,
instruida por el Consejo para la Transparencia (CPLT). La medida tiene
como objeto unificar, sistematizar y actualizar términos en los
contenidos que se deben publicar y promover un uso de lenguaje claro,
simple y comprensible para un buen y expedito acceso a la información
pública de parte de la ciudadanía. El presidente del CPLT, Bernardo
Navarrete, al publicar la nueva normativa afirmó que “estas nuevas
obligaciones tienen como finalidad generar una mejor rendición de
cuentas de los servicios públicos y con ello aumentar los estándares de
probidad y transparencia de cara a la ciudadanía. Con esta nueva regla
será más fácil para las personas acceder a información pública, e
incluso, comparar entre distintas administraciones”. Sin lugar a dudas,
esta nueva normativa, permitirá que exista una mayor transparencia, o
bien, eso es lo que busca. Entre los principales cambios que introduce
la Resolución 500 del Consejo para la Transparencia, establece que a
nivel de personal y remuneraciones se debe publicar, de ahora en
adelante, el monto por bonificación de metas que recibió ese funcionario
en otra planilla, aparte del sueldo. Esto permitirá conocer el detalle
del pago que recibió el trabajador público; qué corresponde a bono, a
bonificación, a sueldo, etc., Otra de las modificaciones es para el
personal a honorarios. A contar de este año, se deberá publicar en el
sitio web del servicio, el informe que estos trabajadores generan para
acreditar que se hizo esa labor por la cual fue contratado y que da pago
a la remuneración que le corresponda. Adicionalmente, el Consejo dictó
que toda la información que se publique no puede ser borrada; ésta debe
quedar en el histórico, lo que permitirá hacer comparaciones entre
distintas fechas. Por otra parte, desde enero del 2024 se deben publicar
en el Portal de Transparencia todos los informes con información
presupuestaria que las municipalidades envían mensualmente a la
Contraloría General de la República. La nueva instrucción también
establece normas de buenas prácticas en transparencia, las cuales no son
obligatorias, pero se promueve su cumplimiento. Por ejemplo, publicar
los viáticos y los kilometrajes y gastos de peajes de los autos
fiscales. Ahora la gran pregunta es ¿qué sucede si no se cumple con lo
instruido? ¿Cuáles serán las sanciones por no cumplir en el tiempo y
forma? ¿Cómo se fiscalizará el cumplimiento de la norma?, muchas dudas
que el instructivos no trae y como siempre en nuestro país, los papeles
aguantan mucho, pero en la practica la situación es otra. Hoy los
servicios públicos están obligados supuestamente a cumplir con la
sentencias del Consejo para la Transparencia y a pesar de eso, muchas
instituciones no cumplen ya veces hay sanciones y estas son bajas. Si
bien el nuevo instructivo busca que exista mayor transparencia,
esperemos que esta vez se cumpla y que se fiscalice como corresponde.