El asesinato de un niño de cinco años es doloroso para el país. El crimen organizado alcanzó sus tentáculos en Chile, y desgraciadamente, donde no está llegando el Estado, ellos sí están ahí.
La reacción del gobierno a este lamentable hecho fue de una falta de empatía enorme. En medio del dolor de la familia y la conmoción de la opinión pública, el subsecretario del interior Manuel Monsalve saca a relucir la necesidad de un pacto fiscal para financiar medidas de seguridad. Un relato tosco, fuera de contenido, pensando que es primera vez que utilizan ese argumento para su supuesta agenda de seguridad.
La actuación del subsecretario es el fiel reflejo de que La Moneda está perdida en esta crisis de seguridad. No es culpa ni siquiera de la oposición, sino, de ellos mismos. El gran problema de seguridad partió por la falta de pertenencia a las policías que ellos mismos provocaron, su reconocida afición o romantización por la migración irregular. Y lo peor de todo, desde el anterior gobierno, su rechazo en el congreso ante todas las medidas de seguridad. Solo hay que pensar que Boric, Jakcson, Vallejo, siendo diputados, votaron en contra de siete proyectos de seguridad ciudadana.
A fines de abril de este año, el gobierno y el Senado se comprometieron a avanzar en un fast track legislativo. Hoy en día, solo un 42% de ese contenido se ha cumplido. El gobierno no manda las urgencias porque simplemente no puede cuadrar a su coalición para votar a favor. Esto no pasa netamente por un pacto fiscal, sino pasa por los partidos de gobierno, que, por su mirada ideológica, no son capaces de aprobar los proyectos que emanan de su propio ejecutivo.
Hay que recordar que la ley Nain-Retamal, después de la lamentable muerte de tres carabineros, salió este año a contrapelo del gobierno y con los votos en contra del oficialismo. El problema no pasa por los recursos, pasar por la gestión y política de quienes hoy están al mando del presente y futuro de todos los chilenos.
En la última encuesta CEP, un alto porcentaje de chilenos demostró estar disponible a “perder libertades” para obtener mayor seguridad. La última Enusc, demostró que la sensación de inseguridad llegó al 90% pero la Ministra Vallejo nos dijo que es difícil combatir las sensaciones ¡plop!
La propuesta Constitucional que se plebiscita el 17 de diciembre contempla medidas de seguridad con rango constitucional. Desde el derecho de vivir en un entorno seguro, hasta la creación de la defensoría de las víctimas, la condena al terrorismo y la expulsión en el menor tiempo posible de los migrantes irregulares. Que esas medidas y más estén en un rango constitucional va a permitir que se termine el bloqueo de la izquierda a la agenda de seguridad. Sí o sí, van a tener que legislar en el Congreso para cumplir con la Constitución en materia de seguridad. Se acabaron las excusas. Y Creo que eso es un gran avance o mejora al sistema institucional en Chile.
Ya no se resisten mesas de trabajo, citación de reuniones a La Moneda, cuando ocurren hechos de alta connotación. No sirven los puntos comunicacionales. Lo que se requiere es ejecución de medidas y pronto.