Impacto causaron las
imágenes que se mostraron a través de todos los informativos de la
televisión chilena cuando maquinarias pesadas comenzaron de destruir las
viviendas construidas en una toma en la ciudad de Antofagasta, conocida
como “toma VIP”, ello, por la calidad de la construcción y su
ubicación, nada más ni nada menos con vista al mar.
La
solicitud de desalojo y de destrucción de estas construcciones se dio
mediante mandato del Ministerio de Bienes Nacionales, responsabilidad
que cayó en la Delegación Presidencial de la región, organismo estatal
que a través la fuerza pública procedió a dar cumplimiento según la
normativa legal vigente.
En
la oportunidad fue la propia ministra de Bienes Nacionales quien
aseguró que “no daremos trato privilegiado a nadie”, ello, en referencia
a quien hacía uso ilegal de este terreno, militante de una colectividad
política. Agregando que desde Bienes Nacionales se está trabajando
firmemente para erradicar las tomas y siempre estudia estas situaciones según sus características territoriales.
Ante
este mediático hecho ocurrido, nos preguntamos si esa mirada y esos
estudios también se extenderán hacia nuestra región, en espacial en la
comuna de Punta Arenas, ciudad que no está ajena a tomas de terrenos
fiscales desde hace años, ello, pese a las denuncias existentes, las que
están en conocimientos de las autoridades.
Tras
el hecho ocurrido en la ciudad de Antofagasta, muchos se preguntaron
quién le pondrá el cascabel al gato, refiriéndose a las distintas tomas
de terrenos en nuestra comuna, tanto en el sector urbano como rural.
Según
las estadísticas, actualmente hay 81.643 familias viviendo en 969
campamentos en todo Chile, la cifra más alta desde 1996. Solo desde
octubre de 2019 a marzo de 2021 el número de familias viviendo en
campamentos en el país aumentó casi en un 74%.
Si
bien hay conciencia que el aumento de los campamentos y tomas de
terrenos en nuestro país, en donde nuestra ciudad no está ajena, claro
que no con “tomas VIP”, es principalmente por falta de vivienda, por
arriendos caros, precariedad laboral de personas que no tienen un techo
donde vivir con sus familias.
No
obstante, nadie puede estar sobre la ley ni tener privilegios tal como
lo dijo la propia ministra de Bienes Nacionales; por ende, más allá de
la necesidad de un techo, la ocupación de un terreno es ilegal, por lo
tanto creemos que es tiempo de empezar a tomar las decisiones y actuar
conforme a las normativas.
Como
decíamos, las tomas existentes en la comuna no son VIP, pero son tomas
ilegales que hoy están presente en distintos puntos de la ciudad, en
terrenos fiscales y particulares, en estos últimos el Estado no tiene
injerencia, pues deben ser los propios dueños de estos terrenos quienes
deben hacer las denuncias para el desalojo de su territorio.
Damos una señal de alerta, pues mañana puede ser tarde y las tomas pueden proliferar sin que nadie las detenga.