Uno
de los principios fundamentales que sustentan el sistema democrático es
la libertad de expresión, resguardada en la actual Constitución, pero
respecto de la cual, pese a su relevancia, no siempre se declara
explícitamente su importancia y necesidad de protección. Cualquier Carta
Magna debe garantizarla, porque sin la libertad de expresión no es
posible preservar otras libertades esenciales del ser humano. Este
derecho fundamental permite un diálogo social sin censura, donde es
posible expresar la diversidad de visiones, argumentaciones y opiniones,
a la vez que procurar el libre acceso a la información, mediante
procesos transparentes que permitan el debate público y la fiscalización
de la autoridad. Hoy hay países que no garantizan la libertad de
expresión y muchos periodistas son acallados. Muchas acciones
gubernamentales han ido coartando el acceso a la información y el
derecho a la expresión e información de la ciudadanía en distintas
naciones. Censuras, persecuciones y abuso. En la última década hemos
sido testigos a la distancia de que regímenes que, pese a declararse
democráticos, conculcan libertades como una manera de perpetuarse en el
poder imponiendo un discurso oficial. Por eso es fundamental una
aclaratoria al respecto en una nueva Constitución, porque hemos visto a
países vecinos como se multiplican los intentos por implementar
restricciones que coartan el debate público, impidiendo una eficaz
fiscalización del poder político y, a la vez, contraviniendo los
principios fundantes del ordenamiento interamericano, al cual los países
del continente declaran adherir, como el respeto de los derechos
humanos y, entre ellos, la libertad de expresión como principio básico
del sistema democrático.