El
pasado lunes 6 de mayo el Consejo Regional de Magallanes en votación
dividida no aprobó el Plan Regulador Intercomunal (PRI) de Magallanes y
Tierra del Fuego. El resultado de la votación 6 votos en contra, 5 a
favor y 3 abstenciones, en donde ninguna opción alcanzó el 50%. El
proyecto buscaba financiar la elaboración del Plan Regulador
Intercomunal con la finalidad de zonificar el territorio desde distintos
usos e iniciativas, determinando áreas de extensión urbana, sitios de
protección, cambios de uso de suelo, zonas de protección o áreas
inundable o riego, entre otras. Sin duda un instrumento de planificación
indispensable considerando las necesidades actuales (ejemplo ciudades
satélites) o futuras (ejemplo industria del hidrógeno). Sin embargo,
casi todas las líneas argumentativas de las consejeras y consejeros, a
favor o en contra, tuvieron relación con la regulación del territorio
para la industria futura, habiendo otras necesidades apremiantes.
Si
bien fue mencionado en la discusión, interesante hubiese sido
determinar cual es el instrumento de planificación más adecuado, de
acuerdo a los objetivos trazados por el Gobierno Regional. Con esa
claridad probablemente las y los miembros del Consejo Regional habrían
podido desarrollar un debate más conducente (pero hace rato que el
diálogo no es fluido ni directo entre el ejecutivo y el cuerpo
colegiado). Donde creo todos podían concordar es en la necesidad de
actualizar y ocupar el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT),
el cual es un instrumento que orienta la utilización del territorio de
la región para lograr su desarrollo sustentable a través de lineamientos
estratégicos y una macro zonificación de dicho territorio, siendo
necesario además que sea sometido a Evaluación Ambiental Estratégica
(como una forma de facilitar la identificación y el debate en torno a
las opciones de desarrollo sustentable). A diferencia de otros
instrumentos el PROT ancla la planificación desde el componente
ambiental para poder proyectar el crecimiento económico y la equidad
social (los otros componentes de desarrollo sustentable). Sin embargo,
se optó por otro instrumento, quizás por premura, ya que falta tiempo
aún para que se apruebe el reglamento que lo regula.
El
ejecutivo del Gobierno Regional creyó apropiado que, para los objetivos
propuestos, como una forma de ordenar y proyectar el desarrollo del
territorio, se utilice como instrumento de Planificación el Plan
Regulador Intercomunal (PRI), en este caso para las comunas de las
provincias de Magallanes y Tierra del Fuego. Sin reconocerlo
públicamente, seguramente es una forma más expedita de orientar y
regular el desarrollo físico en el territorio debido al inminente arribo
de empresas asociadas al hidrógeno verde. Lo que no queda claro es si
es para facilitar o controlar la instalación de la industria. Por otro
lado, el PRI, de acuerdo a la ley, regula el desarrollo físico de las
áreas urbanas y rurales de diversas comunas que, por sus relaciones, se
integran en una unidad urbana. La definición implica que el instrumento
se aplica en aquellas comunas con unidad urbana, entendiéndose con ello a
dos o más comunas próximas que mantienen relaciones funcionales
estrechas. Yo no soy abogado, pero, tratando de entender la aplicación
del PRI en la región, da la impresión que la definición o interpretación
de la ley no se ajusta a nuestra realidad. Quizás sería interesante que
el proyecto pueda declarar explícitamente cuales son las relaciones
funcionales que definen una unidad urbana en el presente o en el futuro
(como resultado de la planificación) en las comunas involucradas de la
región. Un tecnicismo que podría ser fundamental en la concreción de los
desafíos de planificación.
Ante
la falta de pronunciamiento del CORE la responsabilidad de los pasos a
seguir queda en manos del Gobernador. Puede optar por asignar los fondos
directamente o volver al pleno del CORE para repetir la votación y
lograr la aprobación. Sea cual sea el camino es indispensable poder
difundir y aclarar los objetivos y alcances del instrumento a aplicar.
Debemos procurar el desarrollo armónico y sustentable del territorio y
para ello la participación ciudadana es fundamental.