Hace
16 años, mientras tenía el privilegio de representar a Magallanes como
diputado, contribuí en la discusión y voté favorablemente un proyecto de
ley que estimaba clave para el futuro de nuestro país: aquel que creaba
la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Se
trataba de una iniciativa que, aun cuando fue presentada por una
coalición política diferente a la que integraba, era indispensable para
el manejo responsable de nuestra política fiscal, especialmente
considerando que su diseño recogía recomendaciones de instituciones como
el BID, el FMI, el Banco Mundial y la OCDE.
Dicho
esfuerzo, en el cual fueron fundamentales brillantes economistas como
Rosanna Costa, se materializó en diversas normas relevantes. Primero, se
estableció la obligación de que el Presidente de la República -en un
plazo de 90 días desde que asuma- establezca las bases de su política
fiscal y realice un pronunciamiento explícito acerca de las implicancias
que esta tendría en el Balance Estructural. Y, segundo, la ley
contempló la creación de dos fondos soberanos que han sido especialmente
relevantes en nuestro pasado reciente: el Fondo de Reserva de Pensiones
y el Fondo de Estabilización Económica y Social. En suma, una valiosa
ley que venía a fortalecer la creación de la Regla Fiscal (año 2001) y
que permitió otorgar mayor certidumbre a la política fiscal,
contribuyendo a la sostenibilidad de nuestras cuentas fiscales.
Naturalmente,
todos los países -incluido Chile- deben perfeccionar constantemente su
institucionalidad económica. Así, gracias a las recomendaciones de la
Comisión
Corbo y de múltiples académicos, se consiguió la creación de Consejo
Fiscal Asesor (2013), el cual posteriormente pasaría a tener rango legal
y cambiaría su nombre a Consejo Fiscal Autónomo (2019). Otro fruto de
la buena política.
Los
desafíos, desde luego, continúan. Es por ello que felicito tanto al
gobierno anterior, como al actual, por empujar la aprobación del
proyecto que busca perfeccionar la Ley de Responsabilidad Fiscal
(actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado). En
particular, es valioso el establecimiento de una regla dual -necesario
complemento de la regla de balance estructural con metas de deuda
pública-, la incorporación de la obligación de informar el cumplimiento
de las metas de política fiscal y la creación de un nuevo fondo soberano
para desastres naturales.
Como
exsubsecretario de Hacienda, y habiendo participado 13 años en la
tramitación de la Ley de Presupuestos, doy fe de que la
institucionalidad fiscal de nuestro país es robusta y coherente. Ahora
bien, qué duda cabe, siempre es perfectible. Por lo mismo, y pese a
tener diferencias menores sobre el contenido de la iniciativa en trámite, espero que este proyecto se convierta pronto en ley de la República. ¡Necesitamos recuperar nuestra solidez macroeconómica!