Ese será el anuncio en
un par de meses más, para castigar “duramente” a Hermosilla y CC.
(Compañía Corrupta). Será un castigo solo porque les quitará tiempo para
seguir asesorando a empresarios igual de corruptos que ellos, porque si
usted cree que alguno de ellos(as) llegará a estar un día en prisión,
olvídelo pronto, porque la cárcel es para personas pobres o sin
influencias, de lo contrario un ex arquero del futbol chileno estaría
preso por atropellar y dar muerte, conduciendo su automóvil en estado de
ebriedad, a una joven, y el hijo de un individuo muy influyente y
desagradable igual estaría preso, por atropellar a un adulto casi en las
mismas circunstancias.
Lo
más increíble de esta situación, es que tanto el abogado Luis
Hermosilla, como su hermano -quien ahora hace las veces de abogado
defensor-, y algunos medios de comunicación nacional, están indicando
que el delito es la grabación que se realizó, y dejando frases para el
bronce como “maniobra siniestra”, y “hay en marcha una operación oscura,
manejada en los subterráneos del poder, con alcances políticos y
comunicacionales insospechados, estratagema propia de países en los que
no funciona el estado de derecho”, desviando la atención del fondo del
asunto, que es la maquinación de un abogado, junto a un empresario,
todos corruptos, para intentar defraudar al Estado chileno, mediante el
soborno a funcionarios públicos, lo que se constituye en el problema de
fondo, y sobre el cual debiese caer todo el peso de la Ley. Quizá lo
único positivo en esta seguidilla de hechos son las declaraciones de La
jefa de asesoría jurídica y vocera de la Fiscalía Metropolitana Oriente,
Pamela Valdés, quien informó que la investigación está en calidad e
secreta, que tanto Daniel Sauer, socio de la empresa FACTOP, y los
abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos están en calidad de
imputados, de conformidad al artículo 150 del Código Penal del delito de
soborno.
Y
frente a esta situación, vuelve a tomar fuerza el proyecto de
“Inteligencia económica”, que duerme en el Senado, y que plantea
perseguir el delito económico, la creación de capacidades especializadas
en el SII, la Unidad de Análisis Financiero y Aduanas, la
obligatoriedad de la iniciación de actividades para personas que operan
en el comercio exterior y el levantamiento del secreto bancario para la
investigación y persecución del crimen organizado. Aunque esta
iniciativa ingreso con urgencia simple, y luego el ejecutivo la subió a
“suma urgencia”, lo sospechoso es que avanza con extrema lentitud, y
peor aún, el Senador de Evópoli Felipe Kast, presidente de la comisión
de seguridad pública, además de relantizar el proceso para su
aprobación, ha declarado que se deben hacer profundos cambios en el
proyecto, esto según los “expertos”, que seguramente serán del mismo
lote de Hermosilla.
Empresarios
que no quieren pagar impuestos, un sistema tributario hecho para ser
eludido y evadido, asesores que se viven de eso y parlamentarios que por
acción u omisión, mantienen el “statu quo”, son terreno fértil para
esta lacra.