Ha
comenzado la temporada de concursos cerrados en el Servicio Local de
Educación, procedimiento que por cierto genera toda suerte de
suspicacias, desconfianzas y críticas, porque la utilización de
concursos cerrados al interior de servicios públicos presenta una doble
amenaza: erosiona la igualdad ante la ley y asfixia la posibilidad de
generar innovación, dado que no parece posible que las mismas personas
puedan promover nada nuevo, en realidad se trata de evitar desempleo,
pero su aplicación está lejos de ser justa y propicia para el avance.
En
realidad, los concursos cerrados perpetúan la desigualdad ante la ley
al restringir el acceso a oportunidades laborales o contractuales a un
círculo reducido de personas. La falta de transparencia en el proceso de
selección y la ausencia de competencia abierta socavan los principios
fundamentales de igualdad, mérito y capacidad. Esto puede dar lugar a un
tráfico de influencias y al nepotismo, donde las decisiones se toman
basándose en conexiones personales en lugar de aptitudes reales, en
grado tal que ya circulan nóminas de quienes serán los ungidos. Como
consecuencia, aquellos que no tienen acceso a estas redes de poder y
conexiones se ven excluidos, incluso si poseen las habilidades
necesarias, títulos y aptitudes.
La
falta de apertura y competencia en los concursos cerrados fomenta un
ambiente enrarecido, tóxico, limita anticipadamente el grupo de
participantes a un pequeño número de personas, se restringe la
posibilidad de obtener nuevas perspectivas. La innovación surge del
choque de ideas diversas y de la competencia sana entre individuos con
diferentes experiencias y conocimientos. Los concursos cerrados,
perpetúan la repetición de métodos obsoletos y soluciones
convencionales, ya que las mismas personas tienden a recurrir a lo que
ya conocen, al mismo trato y la experiencia se reduce a burocracia.
Para
una administración pública verdaderamente eficiente, es esencial que
los concursos se abran a un espectro más amplio de participantes. Esto
no solo garantiza la igualdad de oportunidades, sino que también
enriquece el debate y fomenta la innovación. La transparencia en la
selección, la eliminación de barreras artificiales y la promoción de la
competencia abierta son pilares fundamentales en la búsqueda de un
servicio público que atienda de manera justa y efectiva las necesidades
de la educación pública.
El concurso
cerrado del SLEP Magallanes, se asemeja en exceso a las criticadas
sillas giratorias y ciertamente terminará por favorecer a ciertas
personas que son parte de una institución fallida, que como nunca deja
deudas, promesas incumplidas y conflictos de arrastre, y por cierto una
burocracia que sofoca la innovación al limitar la diversidad de
perspectivas y enfoques. Es imperativo que se promueva la apertura y la
equidad en estos procesos, para construir un sistema en el que tanto la
igualdad como la innovación puedan prosperar de manera genuina, caso
contrario, la reforma no deja de ser un cambio de empleador con casi la
misma dotación.
La
finalidad de la reforma educacional no fue garantizar el empleo por más
loable que sea esta finalidad, para eso existen otros mecanismos,
retiros dignos, indemnizaciones , promoción del empleo y capacitación en
otros materias afines. La reforma educacional buscaba, ante todo, una
transformación profunda en la calidad y en la preparación de los
trabajadores de la educación para un mundo en constante cambio.
En
última instancia, aspiraba a fomentar la ciudadanía activa, el
pensamiento crítico y la adaptabilidad en un mundo en constante cambio.
Si bien la empleabilidad es un componente importante, reducir su
propósito a esta dimensión limitará la riqueza y la amplitud de sus
metas. En este proceso de concurso cerrado, el peor legado de la
Cormupa, será el de una institución enferma, en dispersión y liquidación
que ha terminado por enfermar a sus trabajadores, ante el aviso de
sálvese quien pueda, pues nada puede ser más lesivo para la estabilidad
psicológica de muchos trabajadores que saber que tienen fecha
incierta de vencimiento.