Ayer se inició el juicio oral en contra del exdefensor penal público de Puerto Natales, Rigoberto Marín, quien fue investigado por la Fiscalía por el delito de cohecho, mientras ejercía su función en Última Esperanza.
Durante la primera jornada se expusieron algunas de las pruebas reunidas durante el proceso, con las que el Ministerio Público quiere llegar a la condena del exservidor público.
El fiscal jefe de Punta Arenas, Sebastián González, dijo que “se inició un juicio contra el exdefensor penal público de Puerto Natales, el señor Rigoberto Marín Andrade, por cuatro delitos que habrían ocurrido el segundo semestre del año pasado. Nosotros lo acusamos por un delito de cohecho reiterado, en cuatro oportunidades, con cuatro usuarios y a las familias se le habría solicitado montos de dinero, justamente a título de nada, toda vez que la defensa penal es pública y cobró una remuneración que no procedía. Eso es lo que estamos viendo el día de hoy”.
Agrega que “si uno es funcionario público lo primero que uno sabe es que no se pueden recibir coimas, no se puede recibir dinero a título de nada, que no están asignados por ley. Son delitos de gravedad, son crímenes. Nosotros estamos solicitando penas de ocho años”.
Asimismo, expuso que “los audios se reprodujeron en el tribunal y ninguna parte de los audios reproducidos da cuenta de la coartada del defensor de que habría sido para peritajes, sino que eran para presentar un recurso de apelación que no podía cobrar, y justamente para cuando la persona salga en libertad cobrarle nuevamente. Es la solicitud de dinero, ningún funcionario público puede recibir dinero que ni esté regulado por ley. Los audios fueron por interceptación telefónica y estaban autorizados judicialmente”.
La defensa
El abogado defensor del imputado, José Martínez, dijo que los dineros que recibió el exdefensor, habrían sido para costear peritajes particulares.
“Lo que se está exponiendo como defensa es que, si bien recibió dinero por parte de usuarios del servicio de Defensa Penal Pública, tuvo como finalidad pagar en forma particular peritajes porque no existía capacidad presupuestaria por parte de la Defensoría y no tenía como objetivo enriquecerse. Don Rigoberto Marín se desempeñó durante 15 años en la Defensoría Penal Pública y le investigaron sus cuentas y no le detectaron nada con anterioridad”, manifestó.