Molestia hubo ayer en el Concejo Municipal de Punta Arenas cuando la Dirección Jurídica, liderada por Rodrigo Henríquez, presentó la necesidad de pagar $ 300 mil a una persona que habría sufrido daños a su automóvil en una de las calles de la ciudad, al pasar por un hoyo que no se encontraba señalizado.
Pese a que la institución aprobó el pago de los recursos -con el voto en contra del concejal Juan José Arcos, quien consideró que el municipio podría haber ganado un eventual proceso judicial-, los ediles manifestaron su descontento con tener que disponer de esos recursos.
De hecho, se manifestó la posibilidad de demandar al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) y al Gobierno Regional (GORE) por su responsabilidad en la mantención de las calles. El alcalde, Emilio Boccazzi, dijo que la acción buscaría “dejar un precedente. Hoy hemos transigido con un particular que ha tenido un perjuicio en una calzada pública, por el mal estado que se ha acumulado dentro del parque pavimentado de la ciudad”.
El edil dijo que la acción legal se referiría a “la ley 8.946 de pavimentación comunal, que asigna responsabilidades principalmente al ministerio, y también a la 18.575, que la ley de gobiernos regionales, que les asignó responsabilidades, porque a través de ellos bajan recursos para reparar las calles”. El edil agregó que la demanda se estudiaría “dentro de los próximos días”.
El concejo también rechazó ayer indemnizar a una persona que fue víctima del robo de artículos dentro de su automóvil cuando éste se encontraba en la maestranza municipal. Los concejales argumentaron que los culpables del hecho fueron detenidos y procesados, por lo que una eventual acción legal debería dirigirse contra ellos.