En un despliegue operativo desarrollado durante la tarde de este miércoles, detectives de la Policía de Investigaciones (PDI), junto a la fiscal jefe de Punta Arenas, Johanna Irribarra, se constituyeron en la propiedad ubicada en la intersección de Avenida Jorge Alessandri con calle 21 de Mayo.
El procedimiento tuvo como objetivo ejecutar inspecciones técnicas, fijaciones fotográficas y trabajos de campo en el inmueble que fue adquirido para funcionar como residencia de menores bajo la tutela del servicio Mejor Niñez. Tras la finalización de los peritajes en el lugar, las autoridades mantuvieron en reserva los antecedentes y declinaron entregar detalles sobre las aristas específicas de la diligencia.
Controversia administrativa y clausura municipal
La inspección se enmarca en las distintas causas judiciales abiertas en torno a la adquisición del recinto. Cabe recordar que la residencia fue comprada a fines de 2024 con recursos aprobados por el Gobierno Regional (GORE) de Magallanes al juez tributario Sergio Vera, operación que generó controversia tras conocerse transacciones posteriores entre las partes.
Sumado a ello, un informe de la Contraloría General de la República advirtió severas anomalías administrativas en el proceso de compraventa. La falta de permisos de edificación y recepción definitiva de obras llevó a la reubicación de los adolescentes en junio pasado, culminando con el decreto de clausura e instalación de sellos en la vivienda por parte de la Municipalidad de Punta Arenas.