Tras
la alerta del rector de la UMAG sobre un supuesto vacío legal que
surgiría tras el proceso de descentralización. Algunas normativas y
leyes tributarias, tales como la normativa de Zona Franca, la Ley
Navarino y la Ley Austral, hoy son responsabilidad exclusiva del
intendente de Magallanes. Según el rector Oyarzo, al desaparecer dicho
cargo, no hay ninguna definición legal quien heredará estas
atribuciones, si el nuevo gobernador regional o el delegado
presidencial.
Por
ello, Oyarzo propuso que dichas atribuciones sean traspasadas al nuevo
gobernador regional, propuesta que también apoya el diputado Gabriel
Boric.
Pingüino Multimedia conversó con alguno de los candidatos a gobernador regional, quienes plantearon distintos puntos de vista.
El
exintendente Christian Mathesson no ve problema, al respecto. “Ese
vacío legal no es tal, ya que las facultades del intendente regional que
no hayan sido expresamente traspasadas al gobernador, necesariamente se
mantienen en la figura del delegado presidencial. En cualquier caso,
todo cuanto atañe al gobierno y administración del Estado y sus
recursos, o sea el presupuesto de la Nación, son facultad del Presidente
de la República, y si se estima que no corresponden al delegado.
Bastaría una delegación de tales funciones, conforme autoriza la Ley
Orgánica de Bases de la Administración del Estado”.
“No
obstante lo anterior, cualquier decisión respecto de temas de esta
naturaleza, debiera ser consultada al Gobierno Regional y considerar su
opinión, por cuanto influyen directamente sobre la Estrategia de
Desarrollo Regional, tanto en lo productivo, económico como también en
cuanto a empleo e ingresos”.
El
exgobernador Claudio Flores piensa lo mismo. “En mi opinión, no existe
tal dificultad, porque las leyes de excepción aduanera y tributaria (Ley
Navarino, Ley Tierra del Fuego, Zona Franca, DFL 15 y Ley Austral) son
fiscalizadas por el Ministerio de Hacienda, Aduanas y el Servicio de
Impuestos Internos, todos servicios dependientes del nuevo delegado
presidencial regional (artículo 1 de la Ley). En el caso de las
bonificaciones que entrega tanto el 889 (subsidio a la contratación de
mano de obra), DFL 15 (subvención a la inversión). Ley Austral (crédito
tributario por inversión en activos fijos) y Ley Navarino (20% de
bonificación por ventas), son bonificaciones que entrega el Estado
Chileno, que son de exclusiva responsabilidad del Presidente de la
República (En el artículo 65 de la Constitución se lee que el Presidente
tiene la iniciativa exclusiva “de la administración financiera o
presupuestaria del Estado”) quien las delega al intendente y, a partir
del 10 de junio, al delegado presidencial regional, cambiando solo el
decreto de delegación de funciones”.
Para
Manuel José Correa, con el nuevo proceso se debe transferir las
responsabilidades a la nueva autoridad electa, agregando que “el proceso
de descentralización debe contemplar la transferencia de competencias,
funciones y atribuciones a los Gobiernos Regionales, tanto en el plano
político, administrativo y financiero organizacional. La elección del
Gobernador Regional
representa el ápice de la descentralización política, es decir,
transferencia de poder político del gobierno central a un gobierno
subnacional. Obviamente, la institución del Gobierno Regional
representada en el gobernador parte coja y llena de vacíos que
lamentablemente no se subsanaron en estos últimos años, principalmente
por la falta de voluntad política del nivel central”.
Finalmente,
el candidato de Chile Vamos, Juan José Arcos, dijo que “para los
regionalistas todo lo que permita traspasar atribuciones desde el centro
del país a la región constituye un avance y, sin lugar a dudas, si bien
es cierto, el sistema actual hoy día permite al gobernador regional con
el acuerdo del Consejo Regional pedir que se les traspase atribuciones
que son propias de los ministerios, el que pudiese tener los
gobernadores regionales una mayor esfera de decisión respecto de la ley
Navarino y a Zona Franca se condice con la situación con que corresponde
a una autoridad electa y no impuesta por el centro del país, así que
creo que sería pertinente que se estudiara una modificación legal que
permitiera traspasar más atribuciones a las regiones y no solo al
gobernador regional, sino que también a los consejeros regionales”.