La
controversia desatada por la carta apoyo enviada por el rector de la
UMAG, Juan Oyarzo, al candidato presidencial Gabriel Boric continúa. La
diputada Sandra Amar, junto a los diputados UDI Sergio Bobadilla, Juan
Fuenzalida y Gustavo Sanhueza, presentaron un requerimiento ante la
Contraloría General de la República sobre la materia. El documento pide
al órgano contralor que determine si el proceder del académico
constituye o no una eventual conducta antijurídica y la transgresión de principios básicos de administración pública”.
Según
el texto, “en las condiciones en que se emitió la misiva se atentó
contra la prescindencia que por ley deben mantener y resguardar las
instituciones del Estado… ¿Todos los funcionarios de la UMAG
felicitan al candidato Gabriel Boric?”, se preguntan los firmantes.
A
su juicio, “se desprende del actuar del rector una conducta contraria a
derecho, instrumentalizando y politizando una institución educativa de
forma tendenciosa hacia un pensamiento determinado”.
Agregan
que no es la primera vez que la política interfiere en el actuar del
rector de la UMAG, “lo que se traduce en la vulneración del principio de
legalidad y juridicidad”, sostienen.
Normativas
En
la presentación, los parlamentarios hicieron presentes los artículos 6°
y 7° de la Constitución y los artículos 2°, 3°, 5° y 7° de la Ley
18.575 de Administración del Estado, que exigen a los servidores
públicos el fiel cumplimiento de sus tareas dentro del ámbito de sus
funciones. “Se desprende entonces que como rector su tarea es velar
por el desarrollo de la casa de estudios, mas no instrumentalizarla y
politizarla, lo que claramente excede sus funciones”.
También
hicieron presente la eventual vulneración de los principios de probidad
administrativa (artículo 8° de la Constitución), apoliticidad
(artículos 19° y 62° de la Ley 18.575, artículo 84° de la Ley 18.834
sobre Estatuto Administrativo y artículo 82° de la Ley 18.883).
Recordaron,
además, que la Contraloría ha dictaminado que “el artículo 27° de la
Ley 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control de Gasto Electoral,
indica que “los funcionarios públicos no podrán realizar actividad
política dentro del horario dedicado a la administración del Estado, ni
usar su autoridad, cargo o bienes de la institución para fines ajenos a
sus funciones”.
Instrumentalización
El
escrito sostiene que “la instrumentalización de las casas de estudios
se ha convertido en una práctica habitual, siendo este un ejemplo del
caso. Lo cierto es que la politización en materias universitarias
contribuye al desarrollo estudiantil, mientras se mantenga abordando
materias de esa competencia. El problema se suscita cuando la política
partidista invade espacios no correspondidos, más aun cuando son
invadidos de forma involuntaria como sucede con el actuar del rector.
Esta conducta arrastra a una generalidad de los estudiantes y funcionarios de la casa de estudios a una idea politizada, partidista y de autoría propia y personalísima del rector”.
Sanciones
Por ello, el documento pide llevar
a cabo la investigación de estos hechos y “de determinarse en derecho
necesario, aplicar las máximas sanciones que vuestra Contraloría estime
pertinente, sentando un precedente y terminando así con el proselitismo
político financiado con dineros fiscales, restablecer el imperio del
derecho y, sobre todo, velar por la legalidad, probidad y apoliticidad
de los actos del Estado”.