Tras un arduo debate legislativo, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la tarde de este miércoles el veto presidencial a la denominada Ley de Usurpaciones.
En concreto, la iniciativa regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, fija nuevas penas y formas comisivas e incorpora mecanismos eficientes de restitución.
Durante la sesión en Sala, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, aseguró los planteamientos del Ejecutivo no son “mejor que nada. Esto es muy distinto que nada. Las herramientas que está dando esta ley son herramientas que están lejísimos de la situación actual“.
“Son herramientas que nos van a permitir, en primer lugar, consensuar que la usurpación siempre es delito, que la usurpación siempre permite al propietario pedir inmediatamente el desalojo del lugar, que la usurpación siempre amerita que las personas puedan ser detenidas, que la usurpación va a inscribirse como un antecedente en el historial de las personas que lo cometan. Aquí no hay ninguna cercanía con nada, aquí hay mucho, y lo que estamos dejando afuera con el veto es precisamente todo aquello, que aunque hoy día nadie lo reconozca en este debate, todos aquí sabemos que era extremadamente peligroso“, agregó.
Diferencias en el oficialismo
En total fueron aprobadas las 14 observaciones que presentó el Gobierno, ya que la insistencia (la número 4) para mantener el texto de la propuesta original se perdió en el Senado.
La aprobación ocurre en medio de diferencias al interior del oficialismo, debido a que parlamentarios del Partido Comunista (PC) y del Frente Amplio manifestaron en voto su discrepancia con la acción del Ejecutivo.
Parlamentaria magallánica
La diputada Javiera Morales, expresó que el veto fue aprobado por todos los partidos, señalando que aquello era necesario. “El veto del Gobierno lo aprobamos en ambas Cámaras, con votos de todos los partidos. Esto demuestra que el veto era necesario porque arregló un mal proyecto de la derecha, que incluía la autotutela y el riesgo de que aumentara la violencia”.
Finalmente, Morales, agregó que “el veto nos deja una mejor ley que actualiza el delito de usurpaciones y crea instrumentos para el desalojo. Ello, sin criminalizar a la pobreza ni los campamentos, conscientes que tenemos un déficit de más de 500.000 viviendas sociales en el país”.