Cada
vez queda menos para la elección de los candidatos a la convención
Constitucional, quienes tendrán la misión de redactar la nueva carta
magna del país.
Los postulantes han comenzado a dar a conocer sus diferentes propuestas, las cuales han sido escuchando a la ciudadanía.
Uno
de los candidatos que espera poder lograr un triunfo el próximo 11 de
abril es el exdiputado Rodrigo Álvarez, quien ya ha dado a conocer
diferentes propuestas y una de ella tiene que ver con la libre
competencia, que a juicio de Álvarez, el incorporar en la Constitución
la libre competencia ayudará a reforzar el compromiso contra los abusos
empresariales.
El
candidato ha expresado que “los abusos empresariales, graficados
esencialmente en las colusiones del papel confort y de las farmacias,
fueron una de las causas del estallido social. Además de repudiar estas
malas prácticas, el proceso constituyente es una oportunidad para
reforzar un tópico esencial: la competencia en los mercados, debido a
los beneficios que produce para los consumidores y la sociedad en
general, debe ser resguardada y promovida”.
En
dicho contexto, Álvarez, presentó una novedosa propuesta: la
incorporación expresa de la defensa de la competencia como principio
constitucional, expresando que “gracias a la institucionalidad vigente,
que contempla una Fiscalía Nacional Económica con profesionales de
primer nivel y un Tribunal de Defensa de la Competencia técnico y
empoderado, hemos detectado y sancionado colusiones que han afectado a
millones de chilenos. Hoy, en momentos que nos replanteamos los
contenidos y prioridades de nuestro pacto social, es necesario que se
incorpore la libre competencia como principio constitucional. Su
inclusión permitiría reforzar las normas del Decreto Ley 211 que
resguardan y promueven la competencia”, afirmó el abogado.
Consultado
sobre las razones para impulsar la referida propuesta, el exdiputado
dijo que “los mercados que funcionan en condiciones de competencia son
eficientes pues permiten que los consumidores accedan, al menor costo
posible, a una variedad de bienes o servicios ofrecidos por los
productores”. El rol del Estado, a su juicio, “es fundamental para que
los mercados funcionen de manera eficiente. La competencia en los
mercados debe ser resguardada no sólo porque trae beneficios al promover
un mayor crecimiento económico de los países y la reducción de la
pobreza, sino que también porque la evidencia demuestra que se reduce la
inequidad y se fortalece la igualdad de oportunidades”. Asimismo, el ex
Diputado por Magallanes añadió que “sería una buena noticia elevar a
rango constitucional los deberes que ya tiene el Estado en esta materia.
Hoy, el DL 211, establece que el Estado debe promover y defender la
competencia”.
Finalmente
el abogado explicó que “en Latinoamérica existen diferentes modelos
constitucionales en materia de defensa de la competencia. Algunos
países, como el nuestro, no tienen preceptos constitucionales expresos.
Otros, como Colombia y México, establecen expresamente la prohibición de
establecer monopolios artificiales. Por los efectos negativos en
eficiencia y equidad que generan los monopolios, me parece que este es
el mínimo que debe contener nuestra nueva Constitución”.