El Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades del Ministerio de Hacienda, se convirtió en una herramienta fundamental para la fiscalización del llamado Caso Convenios, informó ayer el portal El Líbero.
Este tiene como finalidad recopilar y publicar las transferencias de fondos públicos que se efectúan desde órganos del Estado a instituciones, fundaciones, corporaciones, organizaciones sin fines de lucro y otras personas jurídicas. Es decir, las cuestionadas secretarías regionales ministeriales (seremis) y gobiernos regionales, entre otros, deben registrar ahí el monto, destinatarios y proyectos que financian con recursos públicos.
Si bien la ley obliga a los órganos del Estado a mantener actualizado este registro, algunos gobiernos regionales simplemente han omitido esta obligatoriedad.
Hasta este viernes en la mañana, el sitio dedicado a la Región de O’Higgins sólo registraba una transferencia correspondiente al año 2009. El Gore de Biobío, en tanto, no publica la información desde 2018 y en Magallanes sólo mantienen dos traspasos de dinero del año 2022. Otros gobiernos regionales han realizado cargas masivas de información en los últimos días y a algunos les falta actualizar años anteriores.
El control sobre las platas que manejan los gobiernos regionales estuvo en la palestra la semana pasada durante la discusión del proyecto de ley de rentas regionales, el que originalmente buscaba darles mayor autonomía presupuestaria a los Gores en pos de la descentralización. Sin embargo, debido a los problemas que han tenido con asignaciones a fundaciones -varias de ellas indagadas por el Ministerio Público-, el Ministerio de Hacienda presentó 23 indicaciones a la iniciativa, en orden a aumentarles las barreras en la entrega de dinero.
Sólo dos registros
El Gobierno Regional de Magallanes registra sólo transferencias del año 2021, pero subidas al registro en 2022 (a la Fundación de Desarrollo Educacional y Tecnológico La Araucanía). Consultado el Gore por El Líbero, sólo afirmaron que “la información se encuentra en proceso de actualización” y afirmaron que han publicado transferencias en un link dentro de la División de Presupuesto e Inversión Regional en su web institucional.
El citado enlace permite bajar planillas de excel donde no se detalla el tipo de proyecto financiado y su responsable, como sí aparece en el Registro de Colaboradores.
En el caso de la región de Magallanes, cabe mencionar que la Fiscalía está realizando dos investigaciones a los traspasos realizados a las fundaciones ProCultura y Hernando de Magallanes.
También, cabe recordar que el Consejo Regional aprobó una moción para que se realice una auditoría externa a la gestión del Gobierno Regional.
Chile Trasparente:
El director de estudios de Chile Transparente, Michel Figueroa, recordó que el Registro Central de Colaboradores del Estado y su ley, surgen como parte de un paquete de medidas anticorrupción tras el caso MOP-Gate, sin embargo, «lo que se está dando otra vez es que una norma que supuestamente fue creada para prevenir casos de corrupción y para que la ciudadanía tuviera las herramientas de fiscalización, hoy día no se está cumpliendo».
Además, recordó que si las transferencias se hicieron y los beneficiarios no están inscritos en el registro, la ley les obliga a devolver el dinero. «Si tú no estás inscrito en el registro y recibes recursos públicos, se deben devolver ajustados con el interés máximo convencional que exista», dijo Figueroa citando el artículo 6 de la ley.
En la misma línea, la Subsecretaría de Hacienda acotó que «los funcionarios que otorgaren recursos públicos a las entidades que no estuvieren inscritos en los registros correspondientes, se les aplicará el régimen de responsabilidad dispuesto en el estatuto que los rija«.
Figueroa agregó que el incumplimiento de los funcionarios al no subir la información al Registro «es una falta administrativa» que se podría sancionar tras un sumario.
«El gran problema» dijo, «es que nadie está fiscalizando nada. Entonces, hay tanta norma puesta un poco aislada que lo que termina apareciendo es que tienen un conjunto de normas que no conversan entre sí, aisladas y que al final no le hacen sentido a nadie porque nadie las conoce».
Asimismo, sostuvo que no se puede descansar en que sólo Contraloría vigilará los actos del Estado, porque no tiene esa capacidad y que el auto control se complica en «los organismos que tienen consejos colegiados, como los consejos regionales y como los concejos municipales, porque dependen mucho del poder que tiene la autoridad con la mayoría política». Es decir, se evita fiscalizar y y sancionar a aquellos con quienes se tiene dependencia laboral y afinidad política.