La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, llegó ayer a Magallanes y se refirió a las actividades que mantendrá en Punta Arenas, Puerto Natales y Torres del Paine con mujeres en jornadas de diálogos ciudadanos para abordar el rediseño del Plan Nacional por el Derecho a Vivir Libre de Violencia de Género.
Además, también tuvo palabras para referirse a los casos de maltrato laboral denunciadas por funcionarias del Gobierno Regional en contra del administrador regional Christian García y también en la Delegación Presidencial de la Provincia de Última Esperanza en contra de Javier Maripillán.
“Este ministerio está al tanto de la situación, lo hemos monitoreado con la seremi regional, Alejandra Ruiz. Es muy importante acordar que la violencia de género traspasa clases sociales, regiones e incluso sectores políticos. Lo que importa es lo que prevenimos y cómo reaccionamos”, dijo.
Agregó que “la reacción que ha tenido el Ejecutivo en esta región ha sido acoger a la víctima, ofrecer la representación jurídica y el apoyo sicosocial correspondiente y las medidas administrativas correspondientes”, complementó la jefa de cartera.
Acerca del despido de la funcionaria embarazada de la Seremi de Desarrollo Social ocurrido en 2022, la ministra indicó que “los derechos maternales son derechos laborales fundamentales y deben ser permanentemente respetados y exigidos. Hay mecanismo para poder hacerlo en la Contraloría General de la República y en Tribunales. La denuncia tiene un valor y debe ser acogida. Por lo mismo, tenemos que fortalecer los canales de denuncia”, sentenció