oy la Cámara de Diputados deberá votar el libelo que cuestiona el rol del ministro del Interior, Víctor Pérez, frente a las FF.EE. de Carabineros y acusa una “excesiva tolerancia” frente al paro de camioneros. Votos de parlamentarios “díscolos” de oposición serían claves para el destino del ministro, al menos en esta primera etapa.
A Pérez se le acusa de dos cosas: en primer lugar, de infringir la Constitución y las leyes por el actuar de Carabineros, a su cargo, porque la institución “reiteradamente, ha actuado con violencia innecesaria y desproporcionada” durante las protestas sociales que se han generado en nuestro país y, particularmente, por el caso del carabinero formalizado por la caída de un joven al río Mapocho.
Y, como segundo eje del texto, se le acusa de una “excesiva tolerancia” frente a los bloqueos de rutas realizados durante el paro de camioneros ocurrido a fines de agosto. Esto, sostienen los acusadores, “a pesar de los negativos efectos que la movilización estaba causando en el abastecimiento de víveres y combustibles”.
El escenario de Pérez es complejo, ya que según los cálculos de la oposición estarían los votos, luego que el parlamentario Gabriel Ascencio asegurara que esta vez sí estarían todos los votos de la bancada DC. El gobierno, en tanto, apuesta por tratar de conseguir al menos 6 de los votos de los parlamentarios “díscolos” del bloque, entre ellos Pepe Auth, Fernando Meza, Miguel Angel Calisto, entre otros.
Ante esta acusación, personeros del oficialismo de Magallanes se manifestaron en contra de la acusación.
El presidente regional de RN, Gabriel Vega, expresó que “es contraproducente exponer a un ministro que lleva recién un par de meses por un problema arrastrado por años. Desmoronan el rol parlamentario justo cuando muchos han planteado proponer un sistema más parlamentarista. Qué estabilidad tendríamos si la conducta fuera esta. El problema de la Araucanía, los problemas de seguridad pública, necesitan de la condena transversal de la violencia sin matices ni dobleces, el apoyo trasversal a las instituciones de orden, no olvidando que monopolizan el uso de la fuerza legítimo por el bien de todos, y finalmente más atribuciones para quienes combaten con esto. El resto, la acusación en sí, sólo son parte de la mala política”.
Por su parte, la diputada Sandra Amar, dijo que “como en todas las acusaciones constitucionales, creo que es abusar de la máxima herramienta de fiscalización que tenemos como diputados. Ya se ha transformado en un verdadero carrusel por parte de la oposición que por cualquier situación presentan una acusación, abusando de su mayoría circunstancial en el parlamento. Y en el caso específico de la acusación contra el ministro Pérez, creo que no tiene los fundamentos suficientes para seguir avanzando ya que se busca infringir una derrota al Gobierno por hechos donde el ministro del Interior no tiene una responsabilidad directa. Hay que ser cautos y respetuosos de la institucionalidad, pero no buscar solo derrotar al gobierno porque yo he sido clara cuando hay algo que no me parece, lo señalo, pero el andar buscando pegarle al Ejecutivo solo por motivos políticos a través de una acusación, creo que no es el camino”.
Finalmente, el alcalde de Puerto Natales y presidente regional de la UDI, Fernando Paredes, manifestó que “yo creo que la comunidad hoy no entiende cómo hoy un ministro que todavía no está tres meses en el cargo, se le hace una acusación constitucional, atribuyéndoles los problemas de La Araucanía que vienen de larga data y creo que desde esa visión me parece que la oposición está equivocando su camino para responsabilizar a un ministro del tema de seguridad de La Araucanía y que ni siquiera lo han dejado trabajar, el recién lleva tres meses y creo que eso habla mal de este recurso que tienen los parlamentarios, entonces creo que las acusaciones constitucionales deben tener mucho más sustento, a lo menos en el caso del ministro dejar que esté en el desempeño de su cargo a lo menos un año para poder hacer una evaluación, pero en menos de tres meses estar generando una acusación, me da la impresión que no es lo que observa positivamente la comunidad y creo que más bien se ve como un tema político en vez de enfrentar el tema de fondo que es la seguridad”.