El presidente regional
de Renovación Nacional, Gabriel Vega, mediante la ley de lobby, planteó a
la seremi de Hacienda, Lil Garcés, su visión respecto a la actividad
realizada por la Farmacias Comunales de Punta Arenas, insistiendo en que
“se trata de una política social del gobierno local, financiada
principalmente por la subvención municipal ejecutada bajo las normas de
la atención primaria de salud municipalizada, y que no se trataría de
una actividad comercial con fines de lucro. Por lo anterior, no debería
estar afecta a impuestos, lo que se traduciría en el beneficio del 19%
del valor al consumidor final, es decir, los vecinos de la ciudad”.
Ante
los argumentos anteriores, la seremi de Hacienda, Lil Garcés, señala
que con base en el artículo 40 de la LIR, que exime de impuesto a la
renta, en este caso a las municipalidades, podría ser aplicado siempre y
cuando se demuestre que no existe una actividad comercial, ni ánimo de
lucro en la venta los medicamentos, sino que estén orientados a la salud
y recuperación de las personas. La autoridad finalizó considerando que
la viabilidad de la política debe ser determinada por la Dirección
Regional del Servicio de Impuestos Internos, organismo técnico facultado
para ello, a solicitud de la entidad administradora de la salud
municipal local.
Vega,
finalmente, dijo que “ésta es una propuesta que se basa en gestiones
necesarias en beneficio de los vecinos de la ciudad de Punta Arenas, y
con esa convicción le consultamos a la autoridad acerca de la viabilidad
de esta medida que nos convence de que es perfectamente factible,
siendo que la política municipal de venta de fármacos es subvencionada
por la municipalidad y traspasados a los usuarios solamente el precio de
costo de los medicamentos, sin ningún ánimo de lucro”.